La reforma del desempleo
Marcos Daniel Pineda García
Esta semana, la bancada del Partido Conservador tomó la decisión de no apoyar el texto de Reforma Laboral presentado por el Gobierno nacional y además, solicitar que se archive. No me cansaré de repetirlo: en independencia, acompañaremos sin ningún cálculo político las iniciativas del gobierno que sean benéficas para el país, así como tomaremos distancia de aquellas reformas que consideremos nocivas para los colombianos.
Sabemos que es necesario reformar la normatividad laboral de Colombia. En 1950 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en medio de un Estado de Sitio y sin pasar por el Congreso de la República, debido a la alteración del orden público en el territorio nacional. Han pasado 73 años y este código sigue vigente en nuestro país.
A pesar de haber quedado obsoleto en varios aspectos, en su primer artículo, el Código Sustantivo del Trabajo habla del equilibrio de las relaciones entre empleado y empresa, lo que sentó las bases para un entorno laboral un poco más justo en nuestro país. El proyecto presentado este año por el Gobierno nacional desconoce ese principio, a la luz de todo análisis.
Preocupa mucho que esta iniciativa esté visiblemente dirigida a satisfacer los intereses de una sola de las partes. Quedarían fortalecidos los beneficios para las personas que ya tienen la fortuna de estar empleados, especialmente las que cuentan con fuero sindical, pero se atenta contra las fuentes de empleo y eso evitaría la generación de nuevas oportunidades de trabajo en el país, eso sin contar con el futuro incierto que tendrían las medianas y pequeñas empresas.
El proyecto de Reforma Laboral no combate los dos flagelos más grandes que actualmente azotan el mercado laboral colombiano: el desempleo y la informalidad.
Imponer contratos a término indefinido, incrementar exageradamente las tablas indemnizatorias a cargo del empleador, los recargos al 100% que incrementan costos a los sectores que laboran permanentemente en horario nocturno, contratación de extranjeros sin ninguna restricción y eliminación de la posibilidad de suscribir pactos colectivos entre empresa y trabajadores no sindicalizados, son solo algunos de los puntos del proyecto, que amenazarían fuertemente la estabilidad de las empresas que no cuentan con grandes fuentes de financiación o que no generan lo suficiente para solventar estas obligaciones.
Los mercados cambian y con ellos las necesidades de las empresas, una premisa que se debe tener muy en cuenta, sobre todo si consideramos que se nos vienen más reformas este año y la economía del país no pasa por un buen momento. La creciente informalidad, se convierte en un agravante en esta compleja situación, que preocupa por igual a todos los sectores de la producción.
Hay que reformar la obsoleta normatividad laboral que tenemos desde hace siete décadas, por supuesto, pero también se deben promover las diferentes modalidades de empleo que existen, como las plataformas digitales de las que dependen más de 120 mil repartidores, solo por mencionar uno de tantos ejemplos. En lugar de flexibilizar la contratación para abrir más oportunidades, la reforma tal como está planteada, generaría una carga laboral impositiva que no se compadece con la realidad económica del país.
No podemos acabar con la ilusión de tantos colombianos que hoy hacen fila esperando una oportunidad de trabajo, que quieren emprender o que sostienen a sus familias gracias a un empleo alternativo; tampoco podemos permitir que se nos imponga una reforma que ocasionaría una crisis nacional, por eso es tan importante escuchar a todos los sectores y tener en cuenta el sentir de la gente. ¡Esto no es con radicalismos ideológicos, el reto es sacar adelante reformas que solucionen los problemas estructurales que hoy el país reclama!
