Estos son los 10 municipios donde se concentran el mayor número de casos de violencia de género 

La Defensoría del Pueblo recordó que, desde 2019 se atendieron 18.680 casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, de las cuales, el 76% corresponde a mujeres y el 24% a personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD).

El tipo de violencia que predomina es la violencia psicológica, con 11.322 casos; seguida de la física, con 7.204; la económica, con 4.410; la sexual, con 3.161, y la patrimonial, con 2.990.

Respecto a los presuntos agresores, en la mayoría de los casos se volvió a identificar que son las parejas, las exparejas, familiares y, por último, personas desconocidas.

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En muchos casos, las mujeres no cuentan con herramientas necesarias, como la formación técnica o de oficios, ni el fortalecimiento económico, ya sea para acceder a actividades laborales o a emprendimientos, lo que las lleva a depender económicamente de su agresor para el sustento básico de su familia, sometiéndolas a un continuo de violencia que hace escalamiento a la forma más extrema de violencia que pueden padecer, como lo es el feminicidio o su tentativa.

La Defensoría definió que los departamentos donde se concentra el mayor número de atenciones por violencia basada en género son Valle del Cauca, con 2.065 casos; Norte de Santander, con 1.329; Bolívar, con 1.327; Cauca, con 1.053; Chocó, con 971; Cundinamarca, con 949; Putumayo, con 803; Bogotá, con 689; Santander, con 630, y Caquetá, con 611.

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Por otra parte, en articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación (GAAT), se pudo establecer que 55 mujeres transgénero perdieron su vida en diferentes circunstancias durante el 2021 y lo corrido del 2022, algunas siendo víctimas de feminicidio, otras asesinadas en contextos de crueldad y sevicia, características de la violencia por prejuicio, y otras a causa de situaciones en relación con el acceso a sus derechos. En 20 de estos casos, las mujeres no superaban la expectativa de vida de los 35 años de edad.

Para el caso de las mujeres migrantes, se encontró que no presentan denuncias, en muchos casos por miedo a la deportación, y por eso no cuentan con la oportunidad de acceder a los operadores de justicia y consecuentemente no se les brinda medidas de atención y de protección señalados en la Ley 1257 de 2008.

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