Defensoría de Pueblo alista proyecto de ley para enfrentar crisis carcelaria
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, las autoridades municipales y departamentales, y el sector privado, para enfrentar la crisis de hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria ubicados en las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
En la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizan soluciones frente al hacinamiento carcelario, Carlos Camargo advirtió sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población privada de la libertad por cuenta del hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria del país.
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Allí insistió en la necesidad de reubicar a las personas privadas de la libertad que permanecen detenidas en las URI y estaciones de policía del país, que conlleva situaciones como la muerte de una de las personas que permanecía detenida en la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Puente Aranda en Bogotá después de no ser trasladado a un establecimiento penitenciario del INPEC.
“El elevado nivel de hacinamiento que persiste al interior de estos centros de detención transitoria constituye la raíz de todas las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y es una situación cuya solución no puede postergarse más”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Las URI y las estaciones de policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171%, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad.
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“En total, la sobrepoblación en estos centros de detención supera las 14.000 personas, por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves de vulneraciones a los derechos humanos como el que evidenciamos en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000%, sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Añadió que: “En este proyecto de ley, junto a Asocapitales, buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos para que tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad y de esta manera se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población”, finalizó el Defensor del Pueblo.
