Las comunidades de los municipios Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón en el departamento de Atlántico están en alto riesgo de vulneración a sus derechos, según lo advierte la Alerta Temprana 029 del 2022 que emitió la Defensoría del Pueblo, y en la cual se presentan 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para tomar acciones preventivas y proteger a las comunidades.
El riesgo se presenta por la presencia y por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo con los grupos locales y regionales de criminalidad organizada, quienes buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico.
“Nuestro equipo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.
En una visita al departamento dos meses atrás, el Defensor del Pueblo verificó de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas, y los homicidios, y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo.
La Defensoría del Pueblo les recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades.
Dentro de las recomendaciones están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.
