El gran reto de la entrega de tierras
Una de las metas más importantes que se ha trazado el nuevo gobierno, es entregar tres millones de hectáreas de tierra, una apuesta muy ambiciosa que puede salir muy bien, dejando un precedente para el futuro, o por el contrario, puede ser un fracaso, si no se aborda con una visión integral. Más allá de entregar tierras, el verdadero reto está en transformar la vida de las familias en las zonas rurales de Colombia.
En primera instancia, la entrega de tierras debe ser un proceso con orden social, por eso urge definir los parámetros para escoger a los beneficiarios y socializar la convocatoria en todos los territorios del país. Con esto, contrarrestaríamos la proliferación de invasiones ilegales en terrenos privados, que con el anuncio de este nuevo programa, han aumentado en los últimos meses por cuenta de personas inescrupulosas, que quieren sacar provecho de la situación.
Los criterios de selección deben ser estrictos, para que las tierras sean entregadas a los campesinos que realmente las necesiten, estableciendo condiciones que garanticen que a futuro estas no sean enajenadas. Nada haríamos si al final los terrenos entregados resultan alquilados, vendidos o en el peor de los casos, improductivos.
Para darle un buen uso a los terrenos entregados, hay que saber sincronizar su productividad con la vocación del suelo y las apuestas exportadoras de cada región del país. Esto no es algo que pueda quedar al libre albedrío, por ello se debe orientar al pequeño productor hacia la actividad que más le resulte rentable y conveniente.
Así mismo, considero que la entrega de tierras se debe acompañar con una política integral de desarrollo productivo, que incluya asistencia técnica, acceso fácil a créditos y fomento a la asociatividad, para facilitar la adquisición de maquinaria y canales de comercialización.
Otro reto social importante, será el crecimiento poblacional que se generará con este programa en las zonas rurales dispersas del país. Esto obliga a mejorar las condiciones mínimas de calidad de vida de los beneficiarios, como vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, conectividad y la ampliación de la oferta de educación y salud para estas comunidades.
Un último reto para mejorar la competitividad de nuestro campo, es sin lugar a dudas la conexión a través de vías terciarias. Nos ilusiona pensar que nuestro proyecto de ley para crear la Agencia de Vías Comunitarias para la Paz, sea por fin la solución que tanto necesitan los olvidados y maltrechos caminos rurales.
Estamos ante una oportunidad histórica, para redescubrir y aprovechar todo el potencial de nuestras tierras y el valor de nuestros campesinos, impulsando el desarrollo económico, no solo de los terrenos que se entregarán, sino de todo el campo colombiano, consolidándolo como uno de los más fuertes e importantes activos del país.
