El coronel Benjamín Núñez pidió que no lo envíen a La Picota

Al excomandante Operativo de la Policía de Sucre se le impuso la medida de aseguramiento intramural preventiva en el caso que se sigue en su contra por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre.

Por medio de una carta firmada por su abogado defensor, el coronel (r) Benjamín Darío Núñez Jaramillo, de 42 años, le solicitó al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Tolú, que lo envíen a una cárcel para funcionarios público, y no a la cárcel La Picota.

En el documento se asegura que, debido a la apelación en relación con la medida intramural, es posible que ésta sea revocada por un estrado de mayor jerarquía legal.

“Al momento de la definición de la medida de aseguramiento, el Despacho no hizo alusión al nombre del centro especial de reclusión especial al que sería enviado el señor Núñez Jaramillo, es por eso que por medio del presente respetuosamente acudo al Despacho a fin de solicitar sea modificado el sitio al cual será enviado mi mandante, centro carcelario Cárcel La Picota de Bogotá; a otro centro de reclusión especial, es decir a la Escuela de policía nacional Miguel Antonio Lleras Pizarro ubicada en Bogotá. Aquí conviene recordar que la justicia actúa de manera parca y que las rencillas no son parte de sus fines por eso también al estar judicializando a una persona que posee derechos debe disponerse que durante el termino de vigencia o duración de la medida se le brinden las garantías constitucionales, es decir que se halle en un centro de reclusión especial apto para servidores públicos que en todo caso deberá permanecer en custodia del Inpec y no de ninguna otra institución, pues es esta última institución tiene el deber legal de garantizar la custodia de todas las personas privadas de la libertad bajo el manto de la jurisdicción penal ordinaria”, indica.

Por estos mismos hechos fueron procesado otros 10 uniformados de rangos menores que participaron de la detención ilegal de los jóvenes Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras, quienes fueron retenidos como sospechosos del asesinato del policía, Diego Felipe Ruiz; y posteriormente asesinados en el platón de una de las camionetas de la Policía.

“En el establecimiento centro carcelario La Picota de Bogotá se encuentran recluidos los oficiales miembros de la Policía Nacional investigados dentro de los mismos hechos por los que se investiga a Núñez Jaramillo, hechos por los cuales, a los agentes miembros de la Policía Nacional se les impuso medida de aseguramiento por un homólogo suyo, pero de la ciudad de Sincelejo. Lo que podría conllevar a que, la Fiscalía General de la Nación e incluso los apoderados de las víctimas argumenten en un futuro que el Coronel (r) está obstruyendo la administración de justicia, situación que podría presentarse aun si el superior jerárquico que conozca el recurso de alzada impetrado mantiene su decisión”, se lee en el documento.

El coronel (r) Benjamín Núñez no aceptó los cargos impuestos por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo; privación ilegal de la libertad, y ocultamiento de pruebas, aunque se mostró abierto a una futura negociación con la Fiscalía.

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