Tierra Santa: 13 capturados y 7 imputados por lavado de activos

La Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación dieron a conocer la desarticulación de una presunta organización multicrimen trasnacional, que se dedicarían al lavado de activos mediante la conformación de empresas fachada que facilitaban actividades de contrabando a una cadena de almacenes de ropa.

Asimismo, las autoridades agregaron que se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 de sus bienes.

Las diligencias se realizaron en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Montería, en donde se dio la captura de seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial.

De igual manera, fueron capturados otros siete ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes.

La Policía, agregó que fueron imputados siete personas más por los delitos antes mencionados.

“Luego de más de 60 meses de indagaciones, los investigadores de la Dijin descubrieron que una sociedad financiera, conformada por al menos 60 empresas con nombres asociados a un conglomerado empresarial en particular, estaban constituidas solo en el papel, con el fin de facilitar multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios”, señalaron las autoridades.

Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), advirtió a la Fiscalía de 68 operaciones sospechosas de la empresa, que estarían vinculadas con delitos como: lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.

“Esta cadena de almacenes ha estado envuelta en operativos de aprehensiones y decomisos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por no registrar información cambiaria ni declaración de importación”, manifestó la Policía.

“Cuenta con empresas a nivel nacional, que simulan fungir como importadoras y compradoras de mercancía en el exterior, y otras empresas que, a nivel internacional, simulan fungir como exportadoras de estas mismas, cuando en realidad la operación comercial de compra y pago de las mercancías se realiza por parte de la cadena de almacenes de ropa y accesorios”, agregaron.

Los capturados harían parte de la junta directiva de este conglomerado y se habrían encargado de “conseguir trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes legales de sus empresas y así cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos”.

“Es el caso de una importadora, que inició en 2014 con un capital de 200 millones de pesos y en ese mismo año generó ingresos brutos operacionales por más de 7 mil millones de pesos. Para el 2015 tuvo ingresos de 1.423 millones y para el año 2016 generó 2.134 millones de pesos”, explicó.

Según la Policía, esto respectaría a que en 3 años se logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000 sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN.

“Fu en ese momento en el que los investigadores verificaron la dirección de esta empresa, encontrando que en ese lugar solo había un humilde cuarto de un pensionado y quien no conocía nada de tales transacciones”, completó.

“La misma empresa habría tenido movimientos en divisas por más de 3.5 millones de dólares americanos, además de desviar dineros para el pago de contrabando dejando por fuera el pago de impuestos por más de 1 millón de dólares”.

En efecto, la investigación permitió establecer que “siendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, exportó cerca de 1.5 millones de dólares en chatarra ferrosa, la cual no tiene ninguna relación con el objeto social de la compañía”.

“Por otro lado, se logró determinar que las empresas controladas por el mismo conglomerado se aprovecharon de algunos beneficios que otorga la DIAN como el levante automático de mercancía por un valor superior a 4 millones de dólares; también declarando importaciones inexistentes por valores superiores a los 1.5 millones de dólares”, sostuvo la Policía.

Varias de las empresas ficticias fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia.

Ante esto, la investigación puso al descubierto que el dinero obtenido sería enviado a través de transferencias bancarias a la República Libanesa.

“Durante el proceso investigativo se halló que varias empresas fueron creadas solo en el papel como las encargadas de realizar procesos de importación y exportación. Asimismo, otras sirvieron de fachada para ocultar operaciones simuladas de importación y exportación encargándose estas últimas de comprar y legalizar la mercancía de contrabando que posteriormente era adquirida de ‘buena fe’ por parte de los representantes legales capturados”, completó.

“Con estas acciones se habría afectado a los pequeños empresarios y distribuidores de ropa al detal en Colombia, dejándolos sin margen de maniobra y de ganancias puesto que subfacturaba el valor real de prendas de vestir con precios irrisorios, tanto así que un pantalón de hombre se facturaba por 1.700 pesos y camisetas desde 672 pesos colombianos”.

Finalmente, las autoridades afirmaron que se realizó una “investigación espejo” cuyo resultado fue la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de 1.2 billones de pesos.

Los bienes se encuentran ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío.

Estos estarían distribuidos así: 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 Garajes, 26 locales y 10 lotes); 65 establecimientos de comercio; 20 sociedades; 14 vehículos y 953 semovientes.

De esta manera, los capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y podrían enfrentar penas privativas de la libertad que van desde los 10 a los 30 años de cárcel. No fueron revelados los nombres de los capturados ni de los imputados.

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