Impedir la grabación de un operativo policial será catalogado como una falta grave y le costará al implicado la suspensión hasta por un año y medio de la institución, sin derecho a remuneración, ajuste que quedó aprobado en el nuevo estatuto disciplinario de la Policía que pasó a la Cámara de Representantes, y que ahora seguirá su curso en plenaria del Senado.
El proyecto de ley que hace parte del paquete de reformas con el que el Gobierno le da un revolcón a la Policía, subió al nivel de faltas graves y gravísimas varios comportamientos de abuso de autoridad que han tenido en el paredón a la institución.
Este documento obligará a la institución a priorizar las denuncias ciudadanas, especialmente las relacionadas con la violación de los derechos humanos, y a que el Inspector General entregue informes semestrales sobre los procesos disciplinarios que enfrentan los policías.
CHN
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