La Secretaría de Salud de Córdoba informó que no pagará -por ahora- ni un peso de las facturas de más de 6 mil millones de pesos que tiene Funtierra Rehabilitación IPS, por cuenta de la realización de unas supuestas terapias entre los años 2014 y 2015.
Según el informe parcial de la auditoría, que viene adelantando la Universidad de Cartagena, hasta la fecha se han auditado 6 mil millones de pesos, de los 18 mil que Funtierra pretende que le paguen.
“La Secretaría de Desarrollo de la Salud sugiere que no se viabilice el pago de la obligación a favor de Funtierra hasta tanto no se haya realizado un correcto análisis y verificación del informe de auditoría presentado por la Universidad de Cartagena, documento que nos va permitir disponer de un panorama más claro sobre cuál es el mecanismo jurídico que blinde a la Gobernación de Córdoba ante los entes de control, por el pago de unos servicios que se prestaron, sin que haya mediado relación contractual con el Ente Territorial, coligiéndose como irregular que se efectúe sin que medie un negocio jurídico como fuente de obligaciones, conducta que puede ser objeto inequívocamente de reproche disciplinario, por violentar los principios generales de la contratación estatal”, indica el informe.
Asimismo, no se ha resuelto por la vía judicial la solicitud de nulidad presentada por la Oficina Asesora Jurídica en contra de la sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades, providencia que obliga a la convocatoria de la Asamblea General de Acreedores del departamento de Córdoba.
A pesar de que Funtierra fue acusada de haber conformado en denominado “cartel de las terapias”, en agosto del año 2020 la Contraloría General de la República precisó que no existió detrimento patrimonial y señala que la Gobernación de Córdoba actuó conforme a la ley, desvirtuándose con eso el hallazgo levantado en el año 2016, donde manifestaron que se habían presentado irregularidades en contratos para la atención de menores con diferentes enfermedades a través de terapias de neurodesarrollo.
Los contratos cuestionados superaban los 10 mil millones de pesos y se hablaba de un daño patrimonial de 3 mil 600 millones de pesos. En el proceso adelantado en la ciudad de Bogotá, la propia Contraloría recaudó diversas pruebas con las que se demostró que dichas irregularidades y el supuesto daño causado a la Gobernación nunca existió.
La decisión fue revisada por el propio Contralor General de la Nación, quien el 4 de diciembre de 2019 confirmó la decisión proferida por una contralora delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
