La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, reconocieron la gestión del Gobierno nacional e instaron a las entidades a que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado, con el fin de avanzar de forma contundente en la garantía de los derechos de esta población.
La Comisiones de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos celebraron la prórroga de 10 años establecida en la Ley 2078 de 2021 y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública, evidenciándose el compromiso del Gobierno nacional para continuar con la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.
Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. En el mismo periodo del año anterior se registraron un total de 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
Según los informes presentados el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales.
