Aunque ya habían expuesto su posición ante el Congreso, los rectores agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE) no pudieron evitar que esta semana se aprobara la ley 2142, que les permitirá a institutos y centros de investigación dictar programas de maestría y doctorado, un tipo de educación que, hasta el momento, solo podían validar las universidades.
Para la SUE esta ley va en contravía con el esfuerzo que han venido haciendo las universidades públicas, “imponiéndose una lógica mercantilista del conocimiento”, inidicó el presidente del SUE, Jairo Torres.
“Consideramos riesgoso abrir la posibilidad de ofrecer educación posgradual en los centros de investigación autónomos e independientes, pues ello recrudecería la lógica mercantil que se ha instalado en el escenario de la educación superior desde hace varias décadas”, explicó.
Torres añadió que con esta ley se reafirma la desconexión entre el país político y el país nacional.
A partir de ahora y por ley, los institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, podrán obtener el registro calificado para ofrecer y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado, con capacidad de realizar y orientar procesos académicos e investigativos en un área específica del conocimiento, directamente o a través de convenios con universidades, previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para dicho fin, y la reglamentación de esta ley que haga el Gobierno nacional.
Aunque la misión de reglamentar la ley la deberá desarrollar minuciosamente el Ministerio de Educación, el documento señala dos condiciones previas que deben obtener los institutos y centros de investigación para poder validar estos programas. El primero es un reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia, en el que se tendrá en cuenta los criterios científicos y académicos de la entidad y, el segundo, es un registro calificado que otorgará el Ministerio de Educación.
