Un refugio para la vida

Por: Ruby Chagüi

Evitar la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un dictado de la conciencia humana, una condición para construir igualdad, una obligación legal y un compromiso que asumí en campaña. Este cometido supone crear escenarios de vida en los que ellas y sus hijos estén seguros y puedan reconstruir sus sueños: las Casas de Refugio que, espero, muy pronto serán realidad.

Las mujeres y los hombres somos formalmente iguales y la Constitución ordena protegernos a nosotras en forma especial. Nuestra legislación, además, favorece la lucha contra la violencia y la discriminación de la mujer. La ley 1257 de 2008, dirigida a prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres, fue un gran avance. Esta norma ha permitido combatir estos flagelos en los ámbitos públicos y privados garantizando que las mujeres ejerzamos en mejor forma los derechos que los ordenamientos jurídicos interno e internacional nos reconocen: ahora podemos acceder más fácilmente a los procedimientos administrativos y judiciales de protección y atención e incidir en la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Este avance ha sido respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que ha reforzado y reconocido la urgencia de proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Pero queda mucho por hacer.

Las cifras son aterradoras. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y mayo de este año, 28.862 mujeres fueron víctimas de violencia en Colombia. La mayoría de las agresiones fue registrada como violencia interpersonal. De las 12.087 agresiones entre parejas, las mujeres fueron víctimas en 10.465 casos. En el mismo periodo, se registraron 6.945 ataques sexuales contra mujeres. Ante este triste panorama, apremia tomar medidas para que ninguna de nosotras se sienta desamparada.

Por eso celebro la aprobación, en segundo debate, de un importante proyecto de ley de mi autoría que presenté hace un par de años y que exige crear Casas de Refugio en todo el territorio nacional, posible por la excelente ponencia del representante Juan Manuel Daza y la prioridad que en el orden del día le dió la presidente de la Cámara, la representante Jennifer Arias. Las Casas Refugio serán sitios de acogida temporales, dignos, gratuitos y seguros, en los que se ofrecerán alojamiento, alimentación y vestuario para proteger y atender integralmente a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y a sus hijos, si los tienen. En éstas se dará asesoría y asistencia técnico-legal para asegurar el acceso a la justicia, se brindará acompañamiento psicosocial y psicopedagógico, se orientará en materia ocupacional y educativa para facilitar el empleo y el emprendimiento. Se trata de lugares para garantizar la seguridad, interrupir el ciclo de violencia, reconstruir los proyectos de vida y empoderar con autonomía a las mujeres víctimas.

Para materializar este propósito, el Ministerio de Salud, la Consejería para la Equidad de la Mujer, los departamentos y los municipios deberán diseñar una hoja de ruta basada en enfoques de género, territorial, psicosocial y diferencial porque sabemos que las capacidades y las necesidades no son iguales en todas partes ni para todos los segmentos de la población. Actualmente, solo tenemos tres Casas de Refugio -en Bogotá, Medellín y Cali- gracias a iniciativas locales. En Bogotá, por ejemplo, desde 2016 más de 2 mil mujeres adultas, 32 adultas mayores, 168 adolescentes, 912 niñas y 992 niños han sido atendidos evitando desenlaces fatales. Ahora debemos elevar la apuesta: proteger gratuitamente a todas las mujeres en todo el territorio nacional, en especial a aquellas que habitan en zonas rurales o alejadas o que pertenecen a comunidades vulnerables.

Tanto la construcción como el mantenimiento de las Casas de Refugio son esenciales. Para lo anterior se autoriza tanto al Gobierno Nacional como a las gobernaciones y alcaldías disponer de los recursos necesarios para su financiación. La ley también permitirá que municipios con menor capacidad financiera se asocien para desarrollar estos espacios de acogida. La Sociedad de Activos Especiales podrá entregar en comodato a los municipios los bienes obtenidos por el narcotráfico o la corrupción (la SAE actualmente administra 20 mil bienes) y las EPS deberán jugar un rol más decisivo en la atención de las mujeres víctimas.

Es mejor prevenir que curar. Por esta razón las Casas de Refugio podrán suscribir acuerdos con organismos nacionales e internacionales y las entidades territoriales para desarrollar herramientas pedagógicas de concienciación.

La tarea de prevenir la violencia, reparar a las víctimas y hacer rendir cuentas a sus responsables se mantiene. Un Estado que no invierte en la protección de las mujeres no tiene posibilidades reales de progresar integralmente, de ofrecer a su sociedad una vida digna, una vida libre del miedo.

Encima. Falta por hacer, pero alegra mucho que hasta el viernes más de 27 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 se habían aplicado (27.066.159) y más de 12 millones de esquemas de habían completado (12.057.314). ¡La vacuna sí salva vidas, todos a vacunarnos!

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