Alcaldía de Puerto Libertador deberá garantizar acceso a discapacitados por orden de un juez
El Juzgado Promiscuo de Puerto Libertador le dio un mes de plazo al alcalde de la localidad, Eder Soto Cuadrado, para que haga las adecuaciones correspondientes que permitan el acceso a los discapacitados a la casa donde funciona Familias de Acción, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Oficina de Juventudes, ubicada en el barrio 23 de marzo.
La juez Marcela Kerguelén García falló una tutela interpuesta por el menor Juan Guillermo Romero Corena, quien pide garantías a sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción y el acceso a la administración de justicia.
El menor que impuso una tutela sufre de múltiples enfermedades como mielomeningoceles con secuelas, paraplejía en miembros inferiores, hidrocefalia, luxación de caderas, infecciones de vías urinarias osteomielitis recurrentes, lo que ha obligado a ser intervenido quirúrgicamente en 41 oportunidades.
Hizo la solicitud aduciendo que dichas oficinas están en un segundo piso, sin que tengan un libre acceso para las personas con discapacidad, pues no tiene rampas, ni ascensores que garanticen que personas como él puedan acceder a los servicios que allí se prestan.
Finalmente, se estableció que la administración municipal paga un valor de seis millones de pesos mensuales por el arriendo de la casa donde funcionan las señaladas dependencias.
