Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 40 años y un mes de prisión, e impuso multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al exsecretario de Educación de Lorica, Alberto Aparicio Ávila Sánchez.
La decisión declaró al exfuncionario responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, y dispuso la captura inmediata para hacer efectiva la sentencia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el exsecretario de Educación, entre 2010 y 2012, expidió 122 resoluciones de ajuste pensional y jubilación que no procedían y eras contrarias a la ley.
En el curso de la investigación se constató que un grupo de docentes, con los documentos firmados por el señor Ávila Sánchez y certificaciones falsas, acudió ante diferentes jueces en Córdoba que fallaron a su favor y les reconocieron el pago de pensiones, cuando en realidad no cumplía los requisitos.
Con la mediación de algunos abogados, los profesores obtuvieron decisiones judiciales que ordenaron el desembolso de altas sumas de dinero.
Esto representó una defraudación de 39.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduprevisora S.A.
Por esta investigación, conocida como el ‘Carrusel de la Educación en Córdoba’ otras 22 personas han sido judicializadas.
