¿Debemos incrementar cobertura en educación pública superior?

Por. Jairo Torres Oviedo Rector de Unicor

El Sistema Universitario Estatal ha evolucionado en las últimas dos décadas, avance evidenciado a través de indicadores como cobertura estudiantil, cualificación docente, fortalecimiento de la investigación, incorporación de nuevas metodologías y tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, bilingüismo, internacionalización, movilidad estudiantil y docente, infraestructura física, organización y eficiencia; que lo han llevado a ser competitivo de acuerdo a los estándares de calidad exigidos.

En los años noventa, las 32 Universidades Públicas proyectaban sus metas basadas en las exigencias propias de la época para el sector educación superior, que no incluían temas como: la formación doctoral, dedicación a la investigación, segunda lengua para estudiantes y docentes, acreditación de alta calidad, modernización administrativa y certificaciones de procesos. Lo anterior, porque su quehacer estaba enfocado principalmente en la docencia.

Actualmente, las Universidades Estatales han fortalecido los procesos académicos, investigación y organizacionales; al concebirse como instituciones que aportan al desarrollo humano, social, cultural, económico, productivo y científico en la región y el país; sin olvidar, su esencia como claustros académicos autónomos caracterizados por la libertad científica y de cátedra. Los indicadores muestran los esfuerzos y avances del SUE, el indicador de cobertura estudiantil para pregrado y posgrado; refleja un incremento en la cobertura estudiantil en programas de pregrado del 57,9% entre los años 2004 y 2017, lo que significa que las Universidades Oficiales admitieron dentro de sus campus 211.308 estudiantes adicionales de pregrado. En el caso de los posgrados, se evidencia un incremento en la cobertura estudiantil del 184,84% entre los años 2004 y 2017, lo que significa que las Universidades Oficiales admitieron dentro de sus campus 30.483 estudiantes adicionales de posgrado en el período analizado. Estos indicadores muestran un esfuerzo de las universidades por aumentar cobertura. Este esfuerzo, es un avance importante que requiere continuidad y sostenibilidad por parte del Estado. En este sentido, uno de los problemas en educación superior, es la incapacidad de responder a la alta demanda de acceso a educación superior pública, que se profundiza en distintas regiones del país; teniendo en cuenta que Bogotá concentra 114 universidades; es decir, el 33% del total de universidades del país. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior. Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; en contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia; departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés no tiene universidades y los territorios más afectados por el conflicto armado solo tienen entre 1 y 3 universidades. Lo que refuerza la tesis sobre el excesivo centralismo con que se ha concebido el desarrollo. En consecuencia, es impostergable incrementar cobertura universitaria pública, en regiones donde la presencia estatal es débil. La cobertura en educación superior es un problema estructural en la sociedad colombiana, lo que afecta a la juventud y en especial, los sectores vulnerables; quienes han estado excluidos del acceso a un derecho fundamental. En los actuales momentos de protestas sociales, es impostergable e ineludible intervenir este problema que niega el derecho a la educación superior de 2.500.000 jóvenes. Incrementar cobertura en educación superior pública, significa construir justicia y reconstruir el tejido social; en una sociedad donde la juventud ha sido condenada a convertirla en ejército de reserva para la guerra y todas las formas de ilegalidad. La sociedad colombiana debe ser pensada con sentido solidario, justo y generacional; nuestra generación, debe dejar a las generaciones presentes una mejor sociedad; distinta al que nos ha tocado vivir.

La situación de los jóvenes es dramática en cuanto a oportunidades en materia social, no solo de acceso a la educación superior; sino de empleo, salud mental y momentos oportunos para construir un proyecto de vida digno; situación que se profundizó por los efectos de la pandemia del Covid-19. Las cifras del DANE para el último trimestre de 2021 evidencian un preocupante drama social; el informe define que la juventud es la etapa de la vida comprendida entre 14 y 28 años; en esta etapa la persona se encuentra en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política. En este sentido ejerce su ciudadanía; pero, además indica que la tasa de desempleo a marzo de 2021 en Colombia es de 23.2%; este indicador se hace mucho más dramático cuando observamos el porcentaje de personas jóvenes (14 a 28 años) sin ocupación ni matrícula educativa en el último trimestre del año 2021 de 27.7%, dichas cifras se comparan con otras ciudades, donde montería tiene 26.4% de jóvenes sin ocupación ni matrícula educativa. Este escenario social complejo y adverso requiere de un liderazgo político, social y económico que intervenga y proponga alternativas reales y viables para que los jóvenes de Colombia tengan oportunidades de realizar sus sueños y proyectos de vida.

El esfuerzo social debe centrarse en crear las condiciones para una vida buena y justa. ¿Debemos incrementar cobertura en educación pública superior?

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