El país atraviesa una coyuntura sanitaria en donde la infraestructura hospitalaria de las principales ciudades se encuentra en un momento crítico, marcado por altos niveles de contagio y decesos. Unas ciudades que ya no están en capacidad de recibir pacientes de otros lugares.
La Defensoría del Pueblo ha perdido más de 20 servidores a causa del Covid-19 y ha tenido más de 155 contagiados. “Nuestros funcionarios han perdido la vida atendiendo a los ciudadanos diariamente, acompañando las marchas, visitando centros penitenciarios, atendiendo solicitudes y acompañando los procesos de vacunación en todo el país, entre otros”, dijo en un comunicado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Como Defensor del Pueblo, “quiero unir mi voz a todas las instancias médicas y científicas como el Colegio Médico de Bogotá, el Comité Epidemiológico, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otros muchos, que están alertando sobre la inconveniencia de convocar movilizaciones sociales en este momento tan riesgoso para la salud y la vida de los colombianos”.
Invitó a los legítimos convocantes de estas movilizaciones a que evalúen su pertinencia en este difícil momento sanitario y en todo caso, que garanticen las medidas de bioseguridad, para proteger la vida de los manifestantes y la ciudadanía.
“La Defensoría del Pueblo defiende y protege el derecho a la protesta, sin embargo, no quiero dejar de advertir los riesgos para la salud y la vida que se pueden afectar al ejercer dicho derecho en la precisa coyuntura que atravesamos”, dijo.
