Secretario General de la ONU reconoce esfuerzos del gobierno Duque en la implementación del acuerdo
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, celebró hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU continúe apoyando unánimemente al gobierno del Presidente Iván Duque en la implementación del Acuerdo mediante su política de Paz con Legalidad.
“Es claro que estamos cumpliendo en todos los frentes: víctimas, excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos, Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), Desarrollo Rural y las particularidades trasversales de mujer y género, étnico y desminado”, precisó Archila. En esta versión del reporte se hizo énfasis en el proceso de reincorporación de excombatientes, la reducción de la violencia, la reparación a las víctimas y los progresos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
“El representante del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó los avances en todos los frentes de la implementación a pesar de las restricciones derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid19. Reconoció con cifras detalladas las obras PDET ya terminadas, el cumplimiento del 97% de las familias comprometidas con la sustitución de cultivos ilícitos y la tasa del 0.2% en la resiembra, lo que demuestra nuestro apoyo a las comunidades que le apostaron a la legalidad. También resaló la atención permanente a 2.191 menores, hijos de excombatientes, y la puesta en funcionamiento de las mesas técnicas regionales de reincorporación en varios departamentos”, agregó el Consejero. Archila coincidió plenamente con Ruiz Massieu al afirmar que “el año 2021 debe ser recordado como el de los mayores avances en la implementación”.
A propósito del informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia, compendiado del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, Archila recordó que fue el presidente Duque quien solicitó la presencia permanente de esa Misión en el país, durante todo su mandato, para dar fe del compromiso político y de la disposición, a partir de la política de Paz con Legalidad. Ahora, la solicitud es para que la Misión también verifique las llamadas sanciones propias para los comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Consejero resaltó las prioridades del gobierno en materia de reincorporación y la seguridad de los excombatientes, que son blanco de acciones criminales promovidas por el narcotráfico y las disidencias, y señaló que esa amenaza está siendo enfrentada con decisión, en el propósito de frenar la violencia contra esta población que le apostó a la legalidad.
“En el informe se valoró la decisión del presidente Iván Duque de recibir el 6 de noviembre, en Casa de Nariño, a los líderes de la Peregrinación Farc. En ese encuentro anunció su visita a antiguos ETCR en 2021 y la compra de predios para garantizarles el acceso a tierras para vivienda y proyectos productivos a los excombatientes”, puntualizó Archila. También se definió en Villavicencio, el mes pasado, la agenda de los Consejos Nacionales de Reincorporación en el territorio, en siete zonas del país.
El consejero resaltó las palabras del embajador de Estados Unidos ante el Consejo, Richard Mills, quien manifestó ante el Consejo que “sabíamos que este proceso no iba a ser fácil ni se iba a hacer de la noche a la mañana”. “Por eso – agregó el embajador Mills –Estados Unidos seguirá colaborando con ustedes al servicio de la paz y de la prosperidad futura del país”.
Archila hizo mención especial de la intervención del embajador de India, TS Tirumurti. “Colombia está siendo testigo de notables avances en la implementación del Acuerdo Final para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera. El rechazo contra la violencia, la renuncia a las armas por parte de las FARC-EP y su transformación en partido político; el compromiso y determinación del Gobierno de Colombia con el Acuerdo y el rol central de las Naciones Unidas en su implementación, han contribuido positivamente al proceso de construcción de paz en Colombia. Esto no habría sucedido sin visión y liderazgo”.
El embajador del Reino Unido, Jonhatan Allen manifestó que “en el futuro del proceso vemos logros u desafíos, y alentamos al gobierno colombiano para que se refuerce la seguridad a los excombatientes y se atienda y repare a las víctimas, y que se cuente toda la verdad”.
La embajadora de Noruega, Mona Juul, exaltó progresos en el apoyo a excombatientes, desarrollo rural, participación política de las antiguas farc y la relación con la justicia transicional. “Reconocemos los esfuerzos en la protección de líderes y excombatientes y hay que avanzar más”, agregó.
Geraldine Byrne Nason, embajadora de Irlanda ante el Consejo de Seguridad de la ONU, manifestó que hay que generar confianza en el proceso, que en el caso de Colombia ha sido ejemplo de consolidación de la paz. “La construcción de la paz es frágil y lleva tiempo; requiere de paciencia y necesita de fe. Lo digo por nuestra experiencia de Irlanda, que hoy es amigo leal de Colombia en esta senda”, puntualizó.
Juan Ramón de la Fuente, embajador de México, saludó la solicitud del gobierno Duque a la ONU para que se incorporen a las tareas de verificación, las sanciones propias que emita la Jurisdicción especial para la paz.
Reincorporación
“El proceso de reincorporación colombiano tiene el mayor número de garantías en comparación con otros procesos a nivel internacional. Está previsto en nuestra política para 13.139 excombatientes, salud, educación, ingresos, vivienda, trabajo con comunidades y atención psicológica. En Salud, por ejemplo, el 98,6% de la población está afiliada y con acceso al sistema”, reiteró el consejero Archila.
“En Colombia en la seguridad para ciudades hay cerca de 1 policía por cada 500 habitantes; en la seguridad para excombatientes la proporción es cerca de 1 policía por cada 10 excombatientes; sin contar efectivos del Ejército y de la UNP. Tenemos además 272 esquemas de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y trabajamos de manera articulada con la Unidad Especial de la Fiscalía, la cual es 50% más efectiva que el resto de la entidad; pero no pararemos frente a la seguridad: el objetivo es que haya cero muertos, cero ataques”, insistió.
Archila dijo que el reconocimiento del informe a los avances de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y las acciones de desarrollo rural, genera un compromiso aún mayor con la población vulnerable de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. “Es conveniente destacar programas como vías rurales, agua al campo, electrificación rural del Ministerio de Minas y Energía; también, el programa de conectividad, el presupuesto más grande que ha habido en materia de educación para llevar la educación ante el campo”, puntualizó.
Mencionó el Consejero Archila que el trabajo entre el gobierno y los tres componentes de la justicia transicional, esto es la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad es fluido. “Nos reunimos una vez por mes y revisamos los temas administrativos que están pendientes en aspectos puntuales, como la definición de las sanciones propias. Le hemos pedido a la JEP que tenga en cuenta la voz de las víctimas y que esa voz se oiga en el pilar 8 (reconciliación y convivencia) de los PDET para facilitar las reparaciones colectivas y los planes de retorno”.
