La Procuraduría General de la Nación tiene listo el proyecto de ley que modifica el sistema de sanciones en materia disciplinaria contra funcionarios de elección popular por hechos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos.
El proyecto será presentado ante el Congreso para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría contra el senador Gustavo Petro, por cambiar el esquema de basuras en Bogotá cuando fue alcalde de la capital del país.
Señala el proyecto que la Procuraduría mantiene la competencia para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular que cometan actos de corrupción, pero establece más garantías frente a una condena disciplinaria.
El proyecto propone que, ante una eventual sentencia disciplinaria, el Consejo de Estado revisará el fallo y emitirá una decisión.
En el caso en que esa decisión siga siendo desfavorable para el funcionario investigado, se podrá impugnar, es decir, el proyecto de ley abre la puerta a la denominada doble conformidad.
Lo anterior quiere decir que otro juez podrá revisar nuevamente el fallo disciplinario para determinar si efectivamente el funcionario sancionado es culpable o inocente.
El proyecto de ley también reduce los tiempos para que la Procuraduría dé a conocer la decisión final sobre un proceso disciplinario contra funcionarios de elección popular.
