Aparecieron 8 víctimas de muerte violenta en área de Hidroituango

La Jurisdicción Especial para la Paz reportó los nuevos hallazgos en el marco de las medidas cautelares interpuestas a la zona de influencia de la represa.

La JEP continúa adelantando el trámite de búsqueda e inhumación de víctimas en los municipios que rodean a Hidroituango para establecer la verdad de lo que sucedió en esa zona del país.

En medio del proceso confirmó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
En ese sentido, la JEP concluyó que este crimen se registró de forma “masiva, generalizada y persistente” en esa región del país, “al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.

El tribunal señaló que estas desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares del Bloque Mineros y el Bloque Metro, además de los frentes 18, 36 y quinto de las Farc, y “por unidades de la Fuerza Pública”.

Además, confirmó que desde que comenzaron las diligencias y a la fecha, los investigadores han encontrado “8 cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, en el municipio de Sabanalarga”.
La información detalló que esa zona fue inundada por la represa y que los cuerpos habían sido llevados al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos, que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.

Las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.

Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.

Sobre los más de 2.000 desaparecidos, la JEP detalló que este delito se incrementó a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas).

Tomado de Pulzo

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