Con relación a la imputación de cargos de la Contraloría contra 28 funcionario y contratistas, incluyendo al exgobernador y hoy candidato presidencial, terminó de alborotar el avispero. Gustavo Petro y sus seguidores enfilaron baterías en su contra y muchos ya cuestionan su aspiración para 2022.
Todo era de esperar. Una vez la Contraloría anunció oficialmente la imputación de responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del proyecto Hidroituango, “como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control”, se encendió la batalla política en el país. Todo porque entre los afectados aparece el nombre del exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial en 2018, Sergio Fajardo, quien ya ha anunciado que volverá a intentar llegar al poder en 2022 y las más recientes encuestas le dan un importante favoritismo.
Fajardo a su vez se convirtió en el blanco de los cuestionamientos de quienes apuntan a ser sus rivales en las urnas dentro de dos años, caso concreto de Gustavo Petro y sus seguidores. A su vez, quienes han estado a su lado y respaldan su aspiración, han cerrado filas en su defensa.
Asi las cosas, y pese a que la decisión del ente de control fiscal implica el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena -como lo aclaró el mismo exgobernador en un comunicado ayer, en el que dijo que siempre ha respondido por sus actuaciones y lo seguirá haciendo-, el líder de Colombia Humana casi que dictó sentencia, al escribir en su cuenta de Twitter: “Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango, según la Contraloría Nacional. Por acelerar las obras se produjo el desastre, querían negocios rápidos con una junta de EPM manejada por el GEA, el grupo que lo financia”.
La riposta vino de parte de Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, quien le echó el agua sucia nada más ni nada menos que al contralor Felipe Córdoba y a la clase política, dando a entender que el objetivo es truncar la aspiración de Fajardo a la jefatura del Estado. “Gobierno y partidos tradicionales montaron a un contralor que quiere sacar del camino a Fajardo. Petro se los celebra. Aquí no hay condena de responsabilidad fiscal. Es la imputación de cargos por decisión administrativa. Defenderemos debido proceso. Al centro no lo acaban así”, trinó.
Pero más allá de las posturas a favor y en contra, de los insultos en las redes sociales y del mismo proceso al interior de la Contraloría, de todas maneras las palabras de Goebertus plantean un interrogante de cara al ya agitado ambiente político que vive el país: ¿afectará la decisión de la Contraloría la candidatura presidencial de Fajardo? De hecho, a una pregunta sobre si cree que lo de Hidroituango es un ataque político en medio de una campaña en la que va bien en las encuestas, el mismo implicado contestó: “Espero que no. Yo respeto a las instituciones y respondo por cada una de mis actuaciones. No pienso en conspiraciones porque no las hago”.
Otra arista a tener en cuenta tiene que ver con los tiempos del proceso. La misma Contraloría ha explicado que los imputados podrán ejercer su derecho a la defensa y posteriormente comenzará un periodo probatorio en el que se analizarán las pruebas pertinentes. Luego se proferirá el fallo de responsabilidad fiscal correspondiente. Dicho fallo estaría saliendo en año y medio, es decir, a mediados de 2022, coincidiendo en pleno con el debate electoral por la primera magistratura del Estado.
Ahora como quien dice, Fajardo tendrá que cargar a cuestas durante toda su campaña con el escándalo y no habrá entrevista o debate en el que no se le cuestione por Hidroituango. Más aún con un petrismo enconado, que no le perdona su decisión de haberse inclinado por el voto en blanco en la segunda vuelta de los comicios de 2018 y su postura de que nunca hará alianza con Petro, a quien califica de extremista y mezquino. Y ni qué decir del lado del uribismo, teniendo en cuenta que este sector lo ve como la ficha de Juan Manuel Santos.
Siendo la política colombiana tan movida por las emociones, hay quienes se atreven a vislumbrar la posibilidad de que, en caso de que el proceso se resuelva a favor de Fajardo, ello sirva para impulsar su aspiración. Igualmente, no falta quienes consideren que, como dice la representante Goebertus, efectivamente de lo que se trata es de una persecución política, lo que puede generar una corriente de solidaridad por parte de aquellos que se identifican de una u otra manera con los postulados del exgobernador, que sigue izando las banderas de la anticorrupción y de que no todo vale.
Bajo la situación puede darse un tercer escenario, que tiene que ver con el supuesto de que Fajardo se vea acorralado con un fallo definitivo en su contra y decida hacerse a un lado. Ello podría abrir la puerta a otros nombres de quienes se ubican en el centro político -así muchos sigan negando su existencia-, para terminar escogiendo a un candidato único capaz de llegar a consensos con otros sectores alternativos, incluyendo, por que no, a Petro. Así se daría la tan anhelada unidad, que en criterio de muchos, es la única opción de poder ganarle a la derecha o, mejor dicho, al que diga Uribe.
Aquí lo cierto es que el anuncio de la Contraloría alborotó aún más el avispero de una campaña presidencial ya en ebullición. Las especulaciones están a la orden del día, como la que tiene que ver con Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, de quien se creía iba a salir involucrado en el proceso, pero se libró de ser imputado. El exmandatario es considerado una persona cercana al uribismo y hasta ha sido mencionado como una de sus posibles cartas para apostar por la jefatura del Estado en 2022. Algunos suspicaces hablan de un supuesto favorecimiento para despejarle el camino.
Sin embargo hasta el momento a Fajardo se le ve pausado y tranquilo. “Siempre hemos respondido por nuestras actuaciones y lo seguiremos haciendo. He participado en la vida pública defendiendo que la transparencia debería ser la base de una transformación política. No sobra mencionar que este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren”, respondió ayer en un comunicado público a la coyuntura. Eso sí, como ha sucedido tantas veces en el país, los extremos se han unido para descargar toda su artillería retórica en su contra. ¿Podrá resistir a la tormenta?
El Espectador
