Ante la solicitud del Tribunal Superior Judicial de Bogotá que finalmente le diera la razón a los etnoeducadores que buscan respuestas en torno a varios hechos sucedidos en 2017, la Gobernación de Córdoba entregará la información solicitada y para ello tiene 48 horas.
El asesor jurídico de la Gobernación de Córdoba, Daniel Díaz Fernández, dijo que acatarán el fallo y “se responderá de fondo y de manera clara el derecho de petición que presentaron en su momento”.
Asimismo, señaló que “se le hará una trazabilidad a esos dineros para ver cuál fue su destino, que es uno de los puntos claves de la petición” y reiteró que “en el evento que se encuentren irregularidades se informará a los diferentes organismo”.
El tema se remonta a una petición que en febrero pasado hicieron los docentes a la Gobernación para permitir a la comunidad de los resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento y Tuchín ejercer la consulta previa de selección, en razón a que fue desconocido el derecho de 101 educadores a ser vinculados en propiedad y, finalmente, que sean amparados los derechos salariales no cancelados en el primer trimestre del año 2017.
