La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por establecer, por la posible desatención de las alertas tempranas de la Defensoría de Pueblo, sobre una eventual masacre en el municipio de Samaniego (Nariño), como efectivamente ocurrió el pasado 15 de agosto cuando fueron asesinados 8 jóvenes, quienes departían en una casa.
El Ministerio Público busca establecer si hubo omisiones en las actuaciones desplegadas por las autoridades, a fin de prevenir y conjurar el riesgo advertido en las alertas tempranas 032 de 2019 y 018 de 2020 emitidas por la Defensoría del Pueblo, para evitar que la población civil fuera víctima de represalias por parte de Grupos Armados Ilegales (GAI).
En las alertas se advertía el posible peligro en que se encontraba el municipio de Samaniego desde el año 2019 por el accionar delictivo del ELN, que se incrementó luego de la pandemia por el Covid-19, ante el riesgo de enfrentamiento con los GAI por el control territorial en esa parte del departamento de Nariño.
Entre las pruebas ordenadas la Procuraduría ofició a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, al Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que informen las acciones implementadas desde sus competencias para monitorear los factores de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, a la Gobernación de Nariño, la alcaldía de Samaniego y la personería municipal, con el objeto de que comuniquen las gestiones adelantadas con las diferentes entidades del orden nacional, regional y municipal para promover la protección de la población civil.
Con la apertura de la indagación preliminar, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los presuntos hechos, los implicados y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, o si habría actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
