El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila despejó hoy las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación sobre el papel del gobierno en la implementación del Acuerdo Final y afirmó que “no hay retrasos ni desarticulación, y que las dificultades financieras y la carencia de planeaciones que recibimos se están asumiendo con seriedad”.
Archila se refirió al informe del Ministerio Público y el trabajo que se adelanta parte de todo el Gobierno en desarrollo de la polítca de Paz con Legalidad y sobre el desarrollo rural integral y el impulso a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
Para el Consejero, el trabajo de planeación que se adelanta, los PDET, los apoyos a las víctimas, la extensión de beneficios a los excombatientes FARC, las garantías políticas, las inversiones para mantener a casi 100 mil familias en el programa de sustitución de cultivos, y la financiación de proyectos productivos, son hechos concretos que reflejan la seriedad y firmeza con la que este gobierno ejecuta la política de Paz con Legalidad.
Presupuestos
El Consejero Archila respondió a la Procuraduría sobre el plan de inversión para la paz durante el resto de la implementación y mencionó que en Plan Nacional de Desarrollo se calcularon recursos para el cuatrienio, recursos por 37,1 billones de pesos (9,27 billones al año en promedio). Este cálculo se llama Plan Plurianual de Inversiones para la Paz e incluye las fuentes de financiación Presupuesto General de la Nación, Obras por Impuestos, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, cooperación internacional, recursos de las entidades y recursos privados. De hecho, el PND definió más recursos de los que corresponde por periodo al Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017.
Mencionó que se ha hecho una ejecución mayor que la prevista; en 2019 se ejecutaron más recursos que los definidos por el Plan Plurianual, es decir, $11,12 billones para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación. Esto es, el 29% de los $37,1 billones previstos en el cuatrienio en el PPI Paz a valor presente, y es 16% superior a lo que se esperaba en promedio anual.
Con respecto a 2020, se presupuestaron $9,8 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, de los cuales $2,4 billones son recursos de inversión, y $7,4 billones de funcionamiento.
Para 2021 se espera contar con un presupuesto de 10,7 billones según el Anexo de Gasto Construcción de Paz 2021 del proyecto de Ley de Presupuesto, de los cuales $5,7 billones de inversión $5 billones son de funcionamiento, también incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones. Esto representa un aumento del 9,18% en el presupuesto destinado para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación.
Reincorporación de excombatientes
El gobierno del Presidente Duque ha ido más allá de lo que se pactó, en acciones de cumplimiento a los más de 13.000 excombatientes FARC que se mantienen en la legalidad. Se garantiza su plena reincorporación a la sociedad, junto con sus familias, con apoyos específicos en diferentes órdenes.
El proceso de reincorporación es considerado uno de los más garantistas del mundo y continúa siendo uno de los puntos con mayores avances en la implementación del Acuerdo de Paz.
El 98% de excombatientes está afiliado a salud y 83% a pensión. El 88% de personas en proceso de reincorporación está recibiendo renta básica.
Al 31 de agosto de 2020 se ha aprobado un total de 1.531 proyectos productivos, vinculando a 4.634 personas en reincorporación, por un valor total de $46.927.000.000, de los cuales $37.049.000.000 corresponde al apoyo de ARN (Presupuesto General de la Nación) y $9.878.000.000 corresponde al valor de apoyo financiero mediante cofinanciación y otras fuentes.
Asimismo, se han efectuado 60 capturas de victimarios de personas en reincorporación y familiares, 4 muertos en desarrollo de operaciones, 2 occisos y 8 notificaciones en centro carcelarios a personas que fueron capturadas por otros delitos y que contaban con orden de captura por afectaciones a reincorporados. Así mismo, luego de haber dado a conocer el Cartel de los más buscados por hechos de afectación en contra de personas en reincorporación de las antiguas FARC, se han generado 4 capturas (alias Contador, alias Jonhatan, alias SHAKIRO, alias el indio), 1 occiso (alias Mario Lata), y 2 muertos en desarrollo de operaciones militares (alias Patoso, alias Pacho). Seguimos comprometidos con la seguridad de los excombatientes.
La respuesta estatal en estos territorios se ha mantenido a pesar de la situación de emergencia sanitaria por Covid-19. Se han realizado sesiones de la Mesa de coordinación Interinstitucional para Algeciras (2), Caldono (2), Miranda, Ituango (2), así como Nariño, Cúcuta y Quibdó. Así mismo, se han llevado a cabo sesiones de CI2DES sobre Huila, Cauca, Antioquia y Putumayo, mediante las cuales se han coordinado acciones concretas para prevenir afectaciones a la población en reincorporación y protegerla.
A su vez, de manera articulada y bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa se han generado extracciones de personas en riesgo y familiares para evitar la consumación de riesgos inminentes a la vida, integridad y seguridad de estas personas; en municipios de Cauca, Antioquia y Putumayo, así como en Norte de Santander, Arauca, Bogotá, Tolima y Nariño.
Los PDET
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la gran herramienta de transformación de los territorios, contarán a finales de este año con la Hoja de Ruta que permitirá acelerar la ejecución de las obras que definieron las comunidades en las 16 subregiones en salud, educación, infraestructura vial, energía y saneamiento básico, principalmente.
En cuanto a la implementación de los PDET, el OCAD Paz administra cuatro fuentes de financiación entre las cuales está la Asignación para la Paz. Estos recursos de asignación para la paz equivalen al 7% del total de las regalías del país y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se destinan exclusivamente para los PDET.
En el período del Presidente Iván Duque, en el OCAD Paz se han aprobado $ 2,6 billones de pesos en 411 proyectos. Para municipios PDET, se han aprobado 217 proyectos por $1,7 billones de pesos. Para acelerar la implementación de los PDET y apoyar en la reactivación económica, en el Congreso se aprobó el mecanismo de adelanto de recursos equivalente al 70% de la proyección anual de los siguientes ocho años de la Asignación para la Paz. Se espera que estos recursos asciendan a $4.5 billones de pesos y que la aprobación de los mismos se pueda hacer este año.
Desarrollo rural
El Acuerdo previó que en un término de 12 años, contados a partir de la implementación, se debía disponer de 3 millones de hectáreas para población campesina del país. Esos 12 años implican la intervención de 4 gobiernos. En lo que va del gobierno del presidente Duque, se han ingresado al fondo otras 792.004 hectáreas.
Eso significa que ya suman más de 1 millón de hectáreas ingresadas al Fondo (1´018.835), que corresponden a un aporte del 78% sobre el avance total de hectáreas.
A la fecha, hemos entregado 32.469 hectáreas, en beneficio de 3.672 familias. Al gobierno Duque le quedan 2 años más para continuar ingresando tierras al Fondo. Lo mismo corresponderá a los gobiernos de las vigencias (2022-20226 y 2026- 2030).
De los 12 años aún quedan 8 y medio, en los que al final, esos cuatro gobiernos deberán cumplir con la labor de ingresar 3 millones de hectáreas, caracterizarlas, titularlas y entregarlas a familias campesinas que hayan sido reconocidos como sujetos de ordenamiento y luego de la evaluación del mismo, hayan sido aceptados y para ser beneficiarios de adjudicación o de la asignación de derechos de uso sobre la tierra.
Catastro Multipropósito
Este gobierno gestionó un crédito internacional por $ US 150 millones y creó un documento CONPES para impulsar esta herramienta vital de información, planificación y equidad rural.
A la fecha, 140 municipios cuentan con fuente de financiación identificada y avanza la implementación del Catastro Multipropósito priorizando otros municipios que no cuentan con recursos para el levantamiento catastral.
Actualmente, cerca de 25 municipios están en proceso de actualización catastral por parte de los gestores catastrales habilitados, entre ellos, el municipio más grande de Colombia: Cumaribo (Vichada), además de Rioblanco, Planadas, El Guamo, Córdoba, Fonseca, entre otros.
Desde que comenzó este gobierno y, a través de diferentes instrumentos, se han entregado más de 16.580 títulos rurales a agosto de 2020.
Gracias a los aportes de los gestores catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro ha efectuado la actualización de 663.029 matrículas inmobiliarias con la información catastral del país, entre 2019 y 2020.
Sustitución de cultivos
El Consejero Archila reiteró las dificultades que rodean el Programa de Sustitución de Cultivos, que fue recibido en agosto de 2018 sin planeación, información y financiación, lo que obligó a efectuar una reingeniería a fin de cumplirles a casi 100 mil familias vinculadas en 14 departamentos del país.
“Falta una gran cantidad de recursos. Para la ejecución plena del programa en las actuales circunstancias, se requiere de más de $4 billones. Antes de que llegáramos se hicieron ofrecimientos a muchas personas sin haber tenido ninguna certeza de que se podría cumplir. El programa con las familias que firmaron acuerdos individuales tiene un costo que supera 7 veces los recursos que nos dejaron. Obviamente, siendo un gobierno responsable no vamos a asumir compromisos concretos sin antes haberles cumplido a las que ya están, explicó el Consejero.
Las familias vinculadas han sustituido durante este gobierno, 16.121 hectáreas de hoja de coca. Se ha avanzado para que 74.255 familias reciban pagos por asistencia alimentaria inmediata, 60.877 familias reciban insumos y herramientas por concepto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria y 61.769 familias reciban el servicio de asistencia técnica integral. Hemos invertido en esta administración en los diferentes componentes del programa $881.521 millones, unos USD $232 millones.
“El resultado es un éxito. Si no fuera por esos esfuerzos, no habríamos logrado que casi todas esas familias sigan firmes en su decisión de pasar a la legalidad”, subrayó Archila.
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