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Gobierno español prohibió al personal sanitario y docente hablar con la prensa sin previa autorización

La Comunidad de Madrid le prohibó al personal sanitario y a los docentes o directores de centros públicos hablar con los medios de comunicación.

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A los primeros les ha llegado un comunicado interno difundido por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, en donde se les insta a que “nunca actúen por su cuenta” y a que siempre exista una autorización previa de la Dirección del Centro cuando se dé una solicitud de entrevista o reportaje por parte de un periodista.

 Y será esta dirección la que designe qué profesionales “puedan representar a la institución en las mejores condiciones”.

Con los segundos han utilizado otra táctica: el de los toques de atención telefónicos en cuanto han hablado con la prensa sin su consentimiento. Es más, el jefe de prensa de la Consejería de Educación le instó a este periódico a través de un Whatsapp a preguntar a la administración siempre que quisiera hablar con un director. “Te rogamos que utilices los cauces habituales, que ya conoces por otro lado”, escribió, para añadir después el correo de prensa de la Consejería de Educación.

El protocolo que han recibido los sanitarios, creado ya en 2003, ha vuelto a salir tras las declaraciones de un médico del Hospital de Fuenlabrada hace unos días en la Cadena Ser.

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La intención de esta norma con casi dos décadas de antigüedad y que sigue vigente, puesto que nunca se ha actualizado ese protocolo, es promover “una imagen positiva” y amortiguar “cualquier impacto negativo cuando éste surja”.

En el comunicado, se pide un seguimiento de la publicación o emisión para conocer el “tratamiento dado a la información” y su “alcance” en la opinión pública.

En él, se dice que todas estas gestiones corren a cargo del Responsable de Comunicación, que será quien contacte con el profesional del Hospital y acuerde los intereses con ambas partes.

También elegirá “la hora y el lugar adecuados” para realizar la entrevista. Si no se llegase a un acuerdo, primará “la opinión de la institución sanitaria para no perjudicar el normal funcionamiento del centro” y siempre se le comunicará al periodista el motivo por el cual no puede celebrarse el encuentro, además de proporcionarle información adicional “cuando se estime necesario”.

En el caso de que el periodista no siga “el cauce adecuado” e intente contactar directamente con el profesional sanitario, éste tendrá que “reorientarle” hacia el gabinete para que gestione la entrevista y estará obligado a hacerlo “lo antes posible” al responsable de comunicación, “a efectos de orientar y adecuar la actividad informativa”.

La Consejería de Sanidad señala que cuando se trate de una entrevista o reportaje meramente técnico, se determinará “su conveniencia o no”, conjuntamente con la dirección del centro y el personal sanitario. Y si la información solicitada rebasa el ámbito de la institución, la decisión será tomada por la dirección con el apoyo del responsable de comunicación, que será a su vez colegiada con el Instituto Madrileño de la Salud y, si procede, con la propia Consejería de Sanidad y la Dirección General de Medios de Comunicación.

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En último lugar, el comunicado advierte de que el centro sanitario “no puede hacerse responsable ni respaldar las declaraciones realizadas a los medios de comunicación” por parte de los profesionales sanitarios cuando se hayan producido “al margen de los canales” del protocolo.

La Comunidad hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de enero de 1988 en la que se concluye que “los facultativos deben solicitar autorización del director del centro para intervenir en un medio de comunicación”.

La administración ha negado a través de Twitter que impida a los funcionarios hablar con la prensa sin pasar previamente por su visto bueno. Sin embargo, CC OO también asegura que cada vez son más los profesionales que les llaman pidiendo ayuda y consejo ante las llamadas y presiones que reciben por parte de la administración. “Algunos se deciden a hablar sin miedo cuando ya están a punto de jubilarse. Es bastante llamativo porque es entonces cuando ya no tienen nada que perder y no tienen miedo a represalias”, asegura Isabel Galvín, representante sindical de CC OO.

De hecho, añade, en la huelga del profesorado que los sindicatos convocaron el pasado 22 y 23 de septiembre “a los directores les dijeron que no hablasen con nosotros”.

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