Minerales de Córdoba pretende que se declare ilegal el ejercicio de la minería en El Alacrán
Un nuevo capítulo se escribe en el conflicto que existe entre la empresa, transnacional canadiense, Minerales de Córdoba y las familias que desde 1742 ocupan los espacios de la mina El Alacrán, quienes explotan de manera artesanal y como forma de subsistencia el oro que hay en las rocas.
La mina El Alacrán está ubicada en el corregimiento San Juan del municipio de Puerto Libertador, al margen del río San Pedro y según un amparo minero que la empresa Minerales de Córdoba, como titular minero, presentó ante la Alcaldía de Puerto Libertador, se busca declarar ilegal la minería artesanal que por siglos allí se ha desarrollado, aplicando todo el rigor de la ley, que incluye decomiso de herramientas, incautación de la producción, judicialización de quienes explotan la tierra y destrucción de la maquinaria.
En la actualidad, sobre el territorio en el que se encuentra la mina El Alacrán, se proyecta uno de los emprendimientos mineros a cielo abierto más grande de Latinoamérica para la extracción de cobre (enunciado como el material principal de extracción), plata y oro: el San Matías Project, actualmente en exploración por parte de la compañía canadiense Minerales Córdoba S.A.S, pero del que se espera que inicie su extracción en alrededor de seis años.
Este proyecto tiene un título minero registrado en 2009, por 30 años, de aproximadamente 22.000 hectáreas, pero la exploración se ha centrado en 400, correspondientes a El Alacrán.
En este sentido, el abogado apoderado de la Asociación de Mineros de El Alacrán, Isacc Delgado Ríos, explicó que en esta zona hay una comunidad asentada desde hace 45 años, con todos los derechos legales.
“Aquí hay un crisol cultural importantes, hay indígenas de Córdoba, personas de Antioquia de todas partes del país. Esta es una comunidad legítima, con una connotación jurídica, un centro rural poblado que debe ser respetado”, aseguró.
Precisó que la compañía y el proyecto ejercen cambios muy sensibles en cuanto al relacionamiento de la comunidad con gente extraña: “Debe haber mejor relación, y un compromiso por parte del titular minero en reconocer esta comunidad como un centro poblacional, porque allí viven personas que se han dedicado a la minería artesanal, heredada de los indígenas”, acotó Delgado Ríos, quien creció en este poblado.
Título minero
En 2001 se expidió el Código Minero (Ley 685 de 2001) que ratificó el subsuelo como propiedad del Estado (lo que de acuerdo con la Corte Constitucional incluye a todas las entidades territoriales y no solo a las de carácter nacional), al tiempo que estableció el Título Minero como el instrumento central a través del que se otorga derecho a explorar y explotar los yacimientos de propiedad estatal, bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, que implica la prelación del primer solicitante sobre los demás cuando este ha cumplido los requisitos establecidos para ello.
Sobre esta ley se ha señalado que, además de cambiar sustancialmente las pautas con las que se regía el sector minero, presenta serias incompatibilidades con la Constitución de 1991: desestima el Estado Social de Derecho al limitar el papel del Estado y anula su rol de empresario; rompe la estructura descentralizada del Estado al prohibir que los entes territoriales determinen su ordenamiento minero; y define reglas propias para el manejo ambiental por encima de las del sector encargado por competencia de hacerlo dentro del Estado colombiano, incluso la Corte Constitucional (2017) ha manifestado que en el contexto del marco institucional establecido por el Código Minero de 2001 la minería se convirtió “en una fuente de conflictos sociales, culturales y ambientales”.
Esto tiene relación directa con el hecho de que posterior a su expedición sobrevino una avalancha de solicitudes de títulos mineros, así como graves problemas de corrupción y feria de contratos mineros.
El proyecto que Minerales de Córdoba pretende emprender en El Alacrán se encuentra inmerso en disputas por derechos con, por lo menos, dos sujetos diferenciados: la comunidad indígena Zenú que vive en la zona, particularmente el Cabildo San Pedro, y la Asociación de Mineros del Alacrán, que reclaman distintos derechos y que se ven afectadas por las labores de exploración y con la futura explotación a cielo abierto en la zona.
En todo caso, en toda el área titulada se ubican además de estos, 25 cabildos/asentamientos indígenas y 114 Juntas de Acción Comunal (JAC).
El Abogado apoderado de la Asociación de Mineros de El Alacrán, sostiene que son muchas las familias afectadas y que es necesario llegar a una conciliación, para evitar mayores desplazamientos e incremento de la pobreza en esta zona que ha sido ocupada y explotada de manera artesanal por cientos de familias humildes.
