La Corte Suprema de Justicia falló una acción de tutela de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo objetivo era tumbar un fallo judicial que le permitió a la familia Cabrales Lacharme legalizar 862 hectáreas de tierras en el municipio de Tierralta (Córdoba).
Esto quiere decir que los 13 predios en las veredas Alto Viento y El Ratón, del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta (Córdoba), a los que se hicieron la familia Cabrales, en los años de control paramilitar en la región, y a través de una figura jurídica que se conoce como “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio”, podrían ser baldíos del Estado.
En ese sentido, el alto tribunal ordenó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, responsable de emitir el fallo, que deje sin efectos la sentencia del 1º de septiembre de 2009 con la que legalizó los predios a favor del actual embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Alberto Cabrales Castillo (exsenador de la República por el Centro Democrático para el periodo 2014-2018), su padre, Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme y dos de sus hermanos, María Patricia y Cristóbal José.
Asimismo, le dijo al mismo juzgado que reinicie el proceso y pruebe si esas tierras que legalizó la familia Cabrales realmente no son baldíos de la nación como lo han advertido.
Por tanto, el Juzgado Cuarto deberá iniciar el litigio desde cero y llamar tanto a la familia Cabrales como a la ANT a sustentar sus pretensiones.
Por un lado, la familia Cabrales tendrá que sustentar la tradición que tenían los predios y la propiedad de los particulares a quienes les compraron las tierras; y la ANT deberá explicar por qué argumenta que se trata de una falsa tradición para apoderarse de predios baldíos de la nación.
Los predios en disputa son: La Esperanza, La Gloria II, La Gloria I, No Hay Como Dios, El Alto Viento, La Magdalena, El Silencio, Villa Rosa, Las Lomitas, La Palma, Vista Hermosa, La Primavera, El Ratón, La Loma, Pakistán y Los Milagros.
En este sentido, el abogado de la familia Cabrales, William Quintero Villarreal, señaló: “la tutela era para que el juez que emitió la sentencia en 2009 vuelva a retomar el caso y estudie a ver si es baldío o no”.
El padre del embajador ya había acudido al juzgado de Montería con el fin de demostrar la buena fe en la compra en 2003 de las “mejoras” de esas tierras, que campesinos ocupaban, aunque no tenían títulos de propiedad. “La historia es que esas tierras estaban colonizadas, ahí existían colonizadores. Ahí había personas que tenían más 30, 35 años de estar en posesión de esas tierras y las estaban explotando económicamente. Cuando llegan estos señores a la zona, en el 2003, cogen y presentan la oferta de compra de esos predios y efectivamente cada persona que estaba interesada en el área le vendió a la familia Cabrales”, dice sobre el tema Quintero.
No obstante y según una investigación de Dejusticia y el grupo de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional que está en curso, la mayoría de legalizaciones de tierras baldías (solo en Córdoba hay 3.442 casos), con extensiones de tierra de más de 100 hectáreas, se concentraron en municipios de Córdoba, como Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel y Tierralta en los años más duros de la violencia y control paramilitar.
“La mayoría de los casos, el 57%, ocurrieron entre 2008 y 2013, en pleno rearme de grupos paramilitares. Sin embargo, entre 1999 y 2000, la entrega de tierras por medio de jueces civiles se incrementó en un 409%. Es decir, los jueces subieron de 273 hectáreas a 1.117 hectáreas entregadas a particulares y ese periodo es importante porque lo que ha mostrado hasta ahora la Unidad de Restitución de Tierras es que el despojo tuvo un pico en esa fecha. Las fuerzas paramilitares asociadas con élites políticas y ganaderos de esa región ya habían cooptado el poder público y las entidades estatales en esos municipios”, reseña la investigación Dejusticia y la Universidad Nacional.
