El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, consideró que el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de adoptar acciones para garantizar la vida y seguridad de los excombatientes de las FARC van en el mismo sentido de las muchas más medidas que ha coordinado el Gobierno nacional, para proteger a quienes dieron el paso a la legalidad, y garantizar su plena incorporación a la vida civil.
“No hemos ahorrado esfuerzo alguno en el propósito de proteger la vida de los excombatientes. En la coordinación que se desarrolla por esta Consejería trabajan 10 entidades del Estado y se han adoptado más de 40 medidas especiales, se han territorializado y se están ejecutando”, dijo Archila.
Precisó que: “Serían bienvenidas propuestas nuevas que nos permitan hacer aún más eficientes los escenarios para su seguridad y las medidas que se han puesto en marcha para enfrentar la amenaza que representan el narcotráfico y los grupos criminales al margen de la ley”, precisó.
En cuanto a la protección particular del partido FARC, Archila manifestó que “ya se venía haciendo”. “La protección que se les dio a todos los candidatos FARC en las pasadas elecciones locales fue exitosa. Ninguno de ellos fue afectado en su vida, ni fue secuestrado. Aún más, se dieron garantías para que todos los reincorporados pudieran votar. Este aspecto siempre se trabajó bajo el liderazgo de la OACP y el MinInterior”, aclaró.
Continuó: “Uno de los muchos aspectos en que trabajamos, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección nunca ha dejado de trabajar eficientemente. Este mes sesionó y está convocada para la primera semana de agosto, ha sesionado durante 22 ocasiones y las subcomisiones se han reunido 68 veces. En esa mesa se evalúa el riesgo en cada caso y se definen las medidas de seguridad a otorgar a los excombatientes y a miembros del partido político Farc. A 30 de junio de 2020 están implementados 260 esquemas de protección individuales y colectivos”, agregó.
Recalcó que: “Nos están obligando a hacer lo que ya estábamos haciendo. Nos ordenan hacer el 15% de lo que ya estamos haciendo”, subrayó.
El Consejero recordó que a comienzos de mayo envió una carta al magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, cuando se anunció precisamente el trámite de medidas cautelares de protección para excombatientes .
Entonces pidió al tribunal tener en cuenta todas las medidas que ha tomado el gobierno para la protección de los excombatientes.
Consideró indispensable que las medidas, si se decretan, estén en plena coordinación con las 10 entidades que operan en el comité que conformó el presidente Iván Duque, en coordinación con la más de 4O acciones especiales que se han adoptado.
“Reitero que son bienvenidas las medidas anunciadas o propuestas por la JEP, y consideramos que deben ser complementarias a lo que se está haciendo para lograr una mejor articulación, con los mejores resultados”, agregó.
Finalmente, Archila renovó la posición de respeto y autonomía hacia la JEP, y en este caso, a las propuestas hechas por la justicia transicional enfocadas a mejorar las condiciones de seguridad de los excombatientes y de sus familias.
