Según la senadora cordobesa, Nora García, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, le habría manifestado que derogará el Acuerdo 002 de 2020, expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), donde se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.
“El ICA no se privatiza, fue la respuesta que supuestamente el titular de la cartera de Agricultura dio en respuesta al cuestionario enviado en días pasados por la senadora”, aseguró García.
Para ratificar esa postura, García le solicitará al Ministro que ratifique públicamente su decisión durante el debate que se dará este martes en la Comisión V del Congreso y darles así tranquilidad a los colombianos
“El Ministro reconoce la importancia de los procesos estratégicos que adelanta la entidad, como autoridad sanitaria, fitosanitaria y de desarrollo para el campo colombiano. Celebramos está importante iniciativa. No se puede poner riesgo el sector agrícola en el país, se debe trabajar por el fortalecimiento y desarrollo económico de la zona rural” manifestó la senadora.
Contraloría revisa
Por otra parte, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.
Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que, tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.
La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.
Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.
