Emitieron alertas en torno a 9 contratos realizados por 7 municipios de Córdoba
La emergencia sanitaria, originada por el Covid-19, ha permitido el desembolso de una serie de recursos para todas las gobernaciones y alcaldías del país, que están bajo la lupa de la procuraduría, debido a las presuntas irregularidades cometidas por algunos de los mandatarios y Córdoba no escapa a esta supervisión.
Luego de un análisis de la contratación y de cruzar las bases de datos se emitieron alertas en torno a nueve contratos suscritos en Córdoba, que incluye a los municipios de Montería, Ayapel, San Andrés de Sotavento, San Antero, Puerto Escondido, Valencia y Montelíbano.
De los 852 contratos suscritos entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2020 en el departamento de Córdoba; incluyendo a la Gobernación, Alcaldías y entidades descentralizadas y autónomas, 306 están relacionados con la crisis sanitaria, que suman aproximadamente 29 mil millones de pesos y representan el 46% de la contratación en el departamento, cuyo valor total es de 62 mil millones de pesos.
Las cinco entidades que más han contratado en el departamento durante este período son: el Hospital Sandiego de Cereté con 17 contratos por un valor de 1.135.602.661 de pesos; el Camu El Amparo de Montería con 17 contratos por un valor de 314.181.370 de pesos; el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento con 5 contratos, por un valor de 1.612.283.675 pesos; el Camu Santa Teresita de Lorica con 4 contratos por un valor de 37.838.861,00 de pesos y el Hospital San Rafael de Chinú con 3 contratos por un valor de 461.189.315 pesos.
En este sentido, las cinco que suman el mayor valor en sus contratos firmados para atender a la emergencia sanitaria son: Montería con 6 contratos por un valor total de 3.331.149.983 de pesos; la Alcaldía de Montería con 6 contratos más por un valor de 2.712.096.932 pesos; la Alcaldía de San Antero con 11 contratos por un valor de 1.906.138.953 de pesos; el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento con 5 contratos por un valor de 1.612.283.675 pesos; y la Alcaldía de Tierralta con 6 contratos por un valor de 1.212.573.150 de pesos.
El estudio de las contrataciones se hizo entre el 16 de marzo y el 25 de mayo, gracias a una iniciativa en la que participaron entidades como: Transparencia por Colombia, el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Cordupaz, el Comité Transparencia por Santander, la Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, la Alianza por una Cali Transparente y Participativa y la Corporación VIGÍA Cívica, como una estrategia articulada de monitoreo, control social e incidencia a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de la crisis en siete departamentos.
