A tres años del polémico escándalo de los 30 mil pesos que se les cobraba al personal militar y civil para dejarlos entrar a sus respectivos puestos de trabajo en la Séptima Brigada del Ejército Nacional con sede en Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, en su calidad de comandante de la Séptima Brigada Ejército Nacional y al coronel Ariel Fernando Durán Urrea, segundo comandante y jefe de estado mayor de la misma unidad operativa.
En la audiencia de juzgamiento disciplinario el general Fuentes Sandoval deberá responder; por qué en su calidad de comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, para 2017, habría permitido que la firma Advantage Microsystems Colombia Ltda. y su representante legal, Pablo Emilio Páez Beltrán, obtuviera un incremento patrimonial indebido, al ordenar que cada militar o civil tuviera que pagar -presuntamente- sin soporte legal o contractual alguno, la suma de 30.000 pesos por concepto de un fichero o tarjeta de control de ingreso.
En un segundo cargo, el general también deberá responder por su presunta participación en la etapa precontractual y contractual con la empresa Advantage Microsystems Colombia Ltda., que habría concluido con un sustento en un acuerdo informal, alcanzado con el señor Pablo Emilio Páez Beltrán, representante de la firma, para el suministro, a título oneroso, de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército, con un eventual desconocimiento de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal, y de los procedimientos contemplados en la ley.
Las presuntas faltas del general Fuentes Saldoval fueron calificadas como gravísimas a título de dolo.
Por su parte, el coronel Durán Urrea, en su condición de segundo comandante y jefe de estado mayor de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, deberá responder en el juicio disciplinario por presuntamente faltar a la verdad, en forma reiterada, directamente o a través de un tercero, en los oficios de respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos que inquirieron sobre el sustento jurídico para hacer obligatoria la adquisición del fichero de control de ingreso a las instalaciones de esa unidad.
Como medida cautelar y para evitar que las presuntas irregularidades que motivaron el llamamiento a juicio disciplinario se sigan repitiendo, la Procuraduría solicitó al comandante del Ejército Nacional suspender las órdenes, actos administrativos o contratos irregularmente celebrados que avalen el cobro por las tarjetas de control de ingreso.
