La gratuidad en la educación pública superior
Por: Jairo Torres Oviedo
Rector Universidad de Córdoba
El sistema educativo colombiano, se ha visto fuertemente afectado en su funcionamiento por los efectos generados debido a la pandemia del Covid-19; no solo en cuanto a suspensión de actividades presenciales, sino afectación financiera para su sostenimiento. En Colombia tenemos un sistema de educación superior mixto, ofrecido por el Estado y particulares; es decir, público y privado. Actualmente, en el sistema de educación superior colombiano, se encuentran matriculados 2.408.041 estudiantes; distribuidos de la siguiente manera: 2.234.962 matriculados en pregrado y 173.079 en posgrados. En el sistema público a nivel de pregrado tiene una matrícula de 1.150.591 estudiantes; de los cuales, 615.168 pertenecen a las 32 universidades públicas que constituyen el Sistema Universitario Estatal SUE, y 535.434 pertenecientes a las instituciones técnicas y tecnológicas públicas Ittu. En las universidades privadas encontramos matrículas de pregrado representada en 1.084.371 estudiantes. Estas cifras son bastante dicientes en materia de cobertura, tema que he abordado en otros escritos. Cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, y el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso; un drama social que requiere de una política pública estatal que garantice el derecho fundamental a la educación.
Cabe señalar que, estas cifras de cobertura se verán fuertemente afectadas por la crisis ocasionada por el covid-19, las proyecciones más optimistas indican que entre el 25 o 50% de los estudiantes no se mantendrán en el sistema universitario por muchas razones, entre ellas, la financiera; en el entendido de que la economía se ha contraído y el empleo se vino al suelo. Sin duda alguna, esta situación golpea la educación superior, fenómeno que hoy día se hace evidente. Las universidades privadas se verán afectadas; puesto que, parte del presupuesto de funcionamiento está vinculado directamente con el pago de matrículas para poder sostener sus gastos; entre estos, pago de servicios, sobre todo, la nómina de personal administrativo y profesoral. En el caso del Sistema Universitario Estatal SUE, se ha venido proponiendo en los últimos años la construcción de una política de gratuidad para estudiantes de estratos 1 y 2 en condiciones de vulnerabilidad.
Las proyecciones para las universidades públicas también son pesimista en cuanto al porcentaje de deserción que se calcula en un 40%, teniendo en cuenta que el 70.9% de sus estudiantes pertenecen al estrato 1 y 2. Muchos jóvenes verán frustrada su posibilidad de seguir estudiando; en consecuencia, se requiere la intervención del Estado de manera decidida para minimizar esta situación; el Gobierno nacional dispuso de una serie de alivios financieros como: líneas de créditos para pago de nómina, y se destinaron 97 mil millones de pesos para subsidio de matrícula para estudiantes de estrato 1 y 2 de las IES públicas. Igualmente, se requiere de un esfuerzo de la institucionalidad regional; alcaldías y gobernaciones para apoyo en subsidio de matrícula a estudiantes de universidades públicas de su jurisdicción. Esta situación merece la atención del Gobierno nacional y del Ministerio de Educación. En el caso de las universidades públicas, el impacto financiero será notorio y se profundizará el desfinanciamiento de las misma; teniendo en cuenta que el 48% de los ingresos con que funcionan las universidades públicas, son propios; es decir, deben generarlos. Esa cifra corresponde a 3.5 billones de pesos al año; de los cuales, 1.1 billón corresponde a matrículas. Distribuidas de la siguiente manera: 847 mil millones para matrícula de pregrado, y 260 mil millones en matrícula de posgrado. Estos ingresos económicos a la fecha, tienen una reducción del 66.34% en promedio comparado con el mismo período del año anterior; el resto de los ingresos propios corresponde a venta de servicios, recursos de capital, créditos, estampillas y otros; que se afectarían por efectos de la crisis.
Sin lugar a dudas, este panorama requiere la intervención del Estado; tanto, desde el nivel central hasta el regional; para ello, desde la Universidad de Córdoba construimos un modelo denominado acompañamiento integral para nuestros estudiantes, lo que les garantizará su permanencia en el proceso formativo a través de la gratuidad por concepto de matrícula, acompañamiento psicosocial y gestión de dispositivos tecnológicos tales como, tablet, computadores y acceso a internet para quienes carecen de este servicio; además, acompañamiento alimenticio. Este modelo se soporta en la sinergia y articulación con la Gobernación de Córdoba, el municipio de Montería, el Ministerio de Educación y esfuerzos institucionales de la Universidad de Córdoba; lo que permitió conseguir los recursos para viabilizar este modelo de gratuidad. Esta apuesta, evidencia que las voluntades individuales juntas, por encima de egos, individualismo, protagonismos y sesgos ideológicos puestas al servicio del bien común, favorecen una comunidad de 17 mil estudiantes y sus familias.
En conclusión, lo que se pretende es que, en mediano plazo se haga posible que estas voluntades individuales e institucionales se normativicen; es decir, se conviertan en normas institucionales para hacer de esta apuesta, un modelo de gratuidad permanente en el tiempo. En este contexto, es necesario continuar el debate de la gratuidad en la educación superior pública y, que pase de lo formal a lo real.
