Doce comunicaciones ha enviado el Alcalde de San Pelayo a la Concesión Ruta Al Mar para que responda por afectaciones

La administración municipal puso en conocimiento de la situación a La Procuraduría

Se suponía que las obras de construcción y mantenimiento en las vías del departamento Antioquia y Bolívar traerían progreso y felicidad a todas las poblaciones aledañas, tocadas por este proyecto, ejecutado por la Concesión Ruta Al Mar, sin embargo, para los habitantes del municipio San Pelayo en Córdoba, esta alegría se les convirtió en pesadilla.

Llegó el invierno y las comunidades El Binde, Nueve de Diciembre, San Martín, Año Nuevo y Santo Domingo; se inundaron, gracias al colapso que generó la constructora Condor, que ejecutando los trabajos de la concesión, taponearon los canales de desagües.

Y aunque el pasado lunes las comunidades protestaron, cerrando la vía que comunica a Cereté con esta localidad, el alcalde de San Pelayo, Harving Espitia Arteaga, ha enviado, desde que llegó al ayuntamiento, 12 comunicaciones a la Concesión Ruta Al Mar, siendo estas ignoradas por la corporación, que ahora “se hace la loca” con los problemas que le dejó al municipio.

El abogado, especialista en concesiones viales del país, Rafael Ballesta, conversó con Chica Noticias, quien aclaró que los trabajos de conexión Antioquia – Bolívar, son un gran proyecto nacional, departamental y regional, que sin duda traerá desarrollo, pero éste no debe afectar a las comunidades.

Dijo que “el concesionario no le ha suministrado al Alcalde el diseño geométrico digital, necesario para que la Oficina de La Planeación del ayuntamiento pueda verificar que este diseño se ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial”.
Criticó que la concesionaria haya ignorado las 12 comunicaciones donde se pide la documentación, necesaria para coadyuvar a una solución.

“La información durante el empalme fue mínima, en relación con la concesionaria, así como de otros temas. Hasta la fecha no hemos recibido los diseños hidráulicos y viales de planta y debemos recordar que entregar esta información es una obligación contractual y legal”, sostuvo el abogado Ballesta, quien además asesora a la Alcaldía en relación a las acciones que se tomarán para darle salida al problema.

Entre las acciones que se vienen adelantando, están las comunicaciones que se han enviado a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Contralor nacional.

“No queremos ser piedra de tranca, pero que no se vulneren los derechos de la comunidad”, añadió.

Asimismo, Ballesta aseguró que la contratista Condor intervino varios predios, propiedad del Matadero y la Planta de Sacrificio Animal, donde se demolieron construcciones nuevas, sin que hasta la fecha le hayan notificado al municipio el interés por la compra de los terrenos.

En relación con estas intervenciones en predios, el abogado Rafael Ballesta sostuvo que, “no hay evidencia de que se hayan otorgado, en esta o en pasadas administraciones, permisos para intervenir; de modo que se trató de una acción arbitraria”.

Por otra parte, y buscando mitigar los efectos negativos que esas obras le ha dejado a las comunidades, la actual administración de la Alcaldía de San Pelayo realizó una limpieza en los drenajes, que tenían más de 30 años sin mantenimiento y limpieza.

Finalmente, Ballesta agregó que la contratista Condor también afectó los predios de la laguna de oxidación del municipio, hecho que ya fu verificado por la CVS.

Igualmente, destruyeron un Centro de Recreación Pública, ubicado en el barrio Año Nuevo, para convertirlo en un terraplén

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