Un presunto “tumbe” en el Fondo de Empleados de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) sede Montería, denuncía en su edición de éste jueves 13 de febrero, el diario El Meridiano de Córdoba.
Según la publicación, se trata de un escándalo con muchos ceros a la derecha y el destape lo hizo la abogada Lezbi Padilla Álvarez, quien oficialmente lo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación y culpó a Beatriz Rueda Linares, representante legal de ese fondo recaudador de millonarios recursos en sus 18 años de existencia, de ser la autora del presunto desfalco.
El caso se evidenció luego de que el pasado 10 de julio en cumplimiento a un desacato de tutela, Rueda Linares por fin respondió un derecho de petición que se le venía negando al sacerdote y afiliado al fondo, Antonio Segundo Pitalúa Chávez.
“Palabras más palabras menos, al parecer se perdió la ‘platica’ que él creía ahorrada por años y que superan los 20 millones de pesos;en la misma situación están otros reconocidos curas de la capital, empleados del servicio general y personal docente y administrativo de la UPB Montería”.
Con antelación a la solicitud del derecho de petición, el sacerdote en mención ya había solicitado retiro del fondo y la respuesta era dilatoria. Pero con la tutela a su favor, Beatriz Rueda Linares estuvo a punto de ser arrestada y se apresuró a informar por escrito lo que ya era un secreto a voces en el interior de la universidad: que el fondo estaba quebrado por su culpa y ahora no había quién respondiera por los casi 300 millones de pesos que debían estar en una cuenta bancaria.
Según el Meridiano de Córdoba, el escándalo podría llevar a la cárcel a la representante legal del fondo de empleados, a quien la Fiscalía 36 de Montería le abrió investigación preliminar por el delito de administración social desleal.
“Beatriz Rueda Linares actualmente es la decana del programa de ingeniería sanitaria y ambiental de la UPB Montería y además jefe del laboratorio de calidad de agua de la misma institución, y pese a las quejas en su contra por su dudosa conducta en el manejo de los recursos del Fondo de Empleados sigue en sus cargos como si nada estuviera pasando. Pero por el bien de más de 50 afiliados, esperamos que todo se aclare y en especial que quien haya malversado los ahorros de los trabajadores, los reponga cuanto antes a través de una liquidación legal y justa”, precisó la jurista Lesbi Padilla Álvarez.
Los aportes voluntarios de los afiliados oscilaban entre el 3 y 8 por ciento de su salario y como eso fue durante varios años, hay personas que contaban con ahorros de 5, 10 y hasta más de 20 millones de pesos, pero la única respuesta de la representante legal ha sido la iliquidez, sin que se les explique en asamblea general el porqué. Pero ante la Fiscalía sí tendrá que dar respuestas claras, ya que iniciaron las entrevistas a los afiliados y citarán a interrogatorio a Rueda Linares y a sus colegas de la junta directiva del fondo.
Además, con la lista de afiliados en manos de la Fiscalía, aún los que no se han atrevido a denunciar tendrán que dar su versión ante la justicia sobre sus ahorros. Algunos creen, erróneamente, que podría estar en riesgo su estabilidad laboral si denuncian lo sucedido.
La publicación de El Meridiano no presenta la versión de la acusada, por lo que Chicanoticias intentó contactar a Beatriz Rueda Linares, pero no ha respondido a los llamados. Se espera su pronunciamiento al respecto.
