Funtierra de Eduardo Padilla en la mira de la Fiscalía por Tutelas para Terapias
En una decisión sin precedentes, que se basó en un análisis constitucional y abarcó una investigación de los últimos 9 años para poder determinar lo que estaba detrás de esos recursos judiciales, la Corte Constitucional no solo acaba de rechazar todas las tutelas.
En el fallo, publicado por EL TIEMPO, también les pidió a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Judicatura y hasta al Tribunal de Ética Médica que investiguen y tomen medidas frente a las “eventuales irregularidades” que encontró la Corte.
Y es que el fallo –cuyo ponente fue el magistrado Luis Guillermo Guerrero– evidenció que en muchos de estos casos los servicios no fueron prestados o se dieron de forma irregular.
Se trata de terapias de comportamiento ABA, musicoterapia, con animales, sensoriomotriz, halliwick, entre otras, que no están cubiertas por los planes obligatorios de salud por dos razones: la primera, porque en muchos casos corresponden más a servicios educativos, y la segunda, dice la Corte, porque “no existe evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia”. Además, muchas de las patologías prescritas por los médicos no corresponden realmente a riesgos para la salud.
En cambio, los servicios sí tienen un alto costo para el sistema de seguridad social. En los servicios no solo se cobraba por las terapias, también por el transporte, alimentación y hasta viáticos.
Dentro de esta estrategia que presuntamente defraudó recursos públicos habrían estado involucrados jueces, médicos, IPS, EPS y funcionarios. Por eso la Corte pidió investigar a los médicos que no declararon “conflictos de intereses” –pues en muchos casos ordenaban los tratamientos para que se practicaran en las IPS de las que ellos hacían parte– y que prescribieron tratamientos “sin sujeción a los protocolos médicos”.
La Corte también pidió investigar a las IPS por promover un acceso al sistema público de salud que podría no responder al interés superior del niño, y podría afectar la transparencia, así como la operatividad del sistema de salud.
También a funcionarios judiciales que habrían tomado acciones irregulares en el reparto y decisión de las tutelas, y a “los abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud”.
La Corte ordenó investigar a los abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud
El mecanismo era el mismo: los niños, principalmente de la Costa, eran atendidos por médicos particulares que los diagnosticaban con torpeza motora, retardo en el neurodesarrollo, trastorno del aprendizaje, síndrome de Down, hiperactividad, déficit de atención, autismo, trastorno de ansiedad y otras alteraciones que, en realidad, en muchos casos no tenían.
Esos mismos médicos, que no hacían parte de la EPS a la que estaban vinculados los menores, les ordenaban terapias especializadas que no estaban en los planes de salud, pero que coincidencialmente sí eran ofrecidas por una serie de hospitales y clínicas.
Muchas veces no pedían esas terapias ante las EPS, sino que acudían a las tutelas para que los jueces ordenaran los tratamientos.
¿Un ‘modus operandi’?
Esta forma de recobrar recursos al sistema por terapias especializadas no es exclusiva de las 37 tutelas que estudió la Corte. De hecho, la Corte consultó con el Ministerio de Salud y encontró que antes del 2004 nunca se habían reclamado estas terapias a través de tutelas, pero todo cambió en los años siguientes.
Entre el 2006 y febrero del 2013, en el país se recobraron al sistema de salud 109.000 millones de pesos por terapias especializadas a niños supuestamente diagnosticados con esas alteraciones. El 92 por ciento de recobros se logró con fallos de tutela.
En los años evaluados, la Corte encontró cómo crecieron las tutelas para pedir estas terapias. Mientras en el 2006 se presentaron 134 recursos judiciales, en el 2014 fueron 31.000 tutelas con este objetivo. Esos recobros fueron asumidos por las EPS con cargos a la Unidad de Pago por Capitación, es decir, recursos públicos.
Según le dijo la Superintendencia de Salud a la Corte, la mayoría de casos se dieron en la costa Caribe, especialmente en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, así como en Bogotá y Medellín.
Los tratamientos, además, se concentraron en ciertas IPS como la Clínica Neurorehabilitar, el Centro de Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza (Atlántico), Passus IPS Taller Psicomotriz (Atlántico), la Fundación Integrar (Antioquia), el Centro de Capacitación Especial (Atlántico), la Clínica Neurorehabilitar (Bogotá), Passus IPS Taller Piscomotriz (Bogotá), la Corporación Encuentro para Soluciones de Comportamiento (Bolívar), el Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris (Córdoba) y el Centro de Rehabilitación Integral Manantial (Magdalena).
La otra protagonista es Funtierra (Córdoba), que nada más entre enero del 2014 y abril del 2016 recibió 16.280 millones de pesos por estas terapias. Esta es la misma IPS sobre la que la Procuraduría y Contraloría ya se habían pronunciado.
En el caso de Funtierra, dijo la Corte, los pacientes afirmaron que esa misma institución los contactó a través de visitas domiciliarias informándoles “sobre la posibilidad de acceder a los servicios de salud gratuitamente mediante la interposición de tutelas”.
Así, dijeron varios padres de familia, la IPS les hizo “firmar unos papeles” y presentar copia de su cédula, y ella misma tramitó los recursos judiciales. Incluso, otros afirmaron que no sabían que se habían presentado tutelas en su nombre, aunque sí recibieron los servicios.
Todo esto encendió las alarmas de la Corte, pues no se explican dos cosas: primero, cómo las tutela que piden terapias especiales crecieron a un ritmo tan elevado, por encima del ritmo normal de las tutelas generales de salud. Y segundo, por qué se concentraron en el Caribe, si la mayoría de tutelas en salud del país se presentan en Antioquia, Valle y Bogotá.
Por ejemplo, en el Atlántico —dice la Corte— se concentran el 59 % de pacientes de estos tratamientos. En ese departamento, en Piojó, un juez ordenó el mismo día 12 fallos de tutela para atender diferentes alteraciones de niños a los que había atendido el mismo médico.
Con información de El Tiempo
