Ejercito y habitantes de San José de Uré se enfrentan por erradicación de cultivos ilícitos
El Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, informó que «en las últimas horas en zona rural de San José de Úre, sur de Córdoba, se presentó una azonada por parte de la población civil que querían impedir las labores de erradicación de cultivos ilícitos en la región, donde se realizan operaciones militares y policiales en atención a las Alertas Tempranas 023 y 071 de 2018, para combatir grupos armados organizados que atentan contra la población civil como el clan del golfo, los Caparros y el residual del 18».
«Alrededor de 400 personas llegaron con palos y armas contundentes para agredir a las tropas, que en cumplimiento de su misión constitucional combaten sin descanso el delito del narcotráfico. Las tropas actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos y se replegaron del lugar de los hechos, respetando siempre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario», indicó el Ejército.
Puntualizó que «durante estas acciones, que son impulsadas por grupos armados organizados, uno de los soldados se vio obligado a accionar su arma de dotación para proteger su integridad, sin afectar a los agresores. Sobre los hechos se informará a los organismos competentes toda vez que las tropas se encuentran en la zona, actúan de manera legítima para combatir los fenómenos de criminalidad y proteger a la población civil».
Por su parte, ASCSUCOR, Organización Campesina del Sur de Córdoba, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de hoja de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, dinamizadora del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) en el Sur de Córdoba, mediante un comunicado exigieron de manera inmediata presencia de una comisión de verificación encabezada por la Defensoría del Pueblo, acompañada por el CICR y la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU.
«En este momento hay mucha confusión, advirtiendo que en este territorio hay presencia de grupos armados ilegales y ello incrementa el nivel de riesgo y vulnerabilidad de los campesinos como actores civiles, no beligerante», indicaron.
