Por: Carlos Camargo Assis
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
Este panorama sugiere que la institucionalidad sí puede atender exigencias racionales y razonables formuladas a través de canales distintos a los de la violencia.
Estamos de acuerdo en que la protesta social es un derecho democrático que debe ser protegido por el Estado. Su ejercicio, cuando es ordenado y pacífico, lejos de perder contundencia, representa un indicador para medir la inconformidad social y puede incluso convertirse en un estímulo para la construcción de consensos, aun en medio de un ambiente de marcada polarización.
Demandas claras merecen respuestas eficaces. Si los organizadores del paro nacional previsto para este 21 de noviembre son conscientes de eso -y esperamos que lo sean- podrán encontrar en la canalización civilizada de sus exigencias una oportunidad para sumar ideas y agregar valor a los procesos de reforma social que el presidente Iván Duque Márquez ha estado dispuesto a impulsar.
Si, por el contrario, llegaran a prevalecer la violencia y la anarquía, el resultado sería necesariamente malo porque estaríamos destruyendo valor a las actividades que, como el comercio, hacen los aportes más significativos al desarrollo económico y social.
Las expectativas que genera el paro no son las más favorables. Los mensajes y posturas radicales que se evidencian en las redes sociales generan pesimismo y desesperanza. Y esos pesimismo y desesperanza no nos ver permiten apreciar y valorar los logros que como sociedad hemos alcanzado.
Mi trabajo como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos me exige estar al tanto de los avances y retrocesos, logros y problemas que rodean la aplicación de las políticas públicas que tienen impacto en la vida y el crecimiento de las regiones. Desde esa perspectiva, y con elementos objetivos en mano, puedo dar testimonio de que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, con el apoyo de la participación ciudadana, han sentado bases sólidas para desarrollar frentes vitales para el progreso nacional.
Lejos de especulaciones, quiero compartir con los lectores algunas cifras que nos permiten evaluar los resultados de esa acción conjunta. Son cifras que reflejan una realidad que no merece quedar oculta tras el prurito de la protesta por la protesta misma.
El presupuesto General para la Educación, que para este año ha sido $41,4 billones, recibió el refuerzo de importantes recursos provenientes de las regalías para mejorar la infraestructura en el nivel superior, como se acordó a comienzos de año cuando los organizadores de un paro en el sector abrieron el espacio a un diálogo constructivo.
Pero los beneficios se harán extensivos a todos los niveles. Ya están en marcha proyectos para dotar a las gentes de las regiones de 14.000 aulas que en las regiones marginadas nos hacen falta para ampliar los cupos educativos.
El cinco por ciento de esos recursos para educación, $2,1 billones, se han venido destinando como contribución fundamental para resolver los problemas estructurales Programa de Alimentación Escolar (PAE) y están sirviendo para atender las necesidades de 5.6 millones de niños en 13.104 colegios y escuelas del país.
El Plan Nacional de Desarrollo, con enfoque regional, contempla acciones concretas en beneficio de los 17 millones de personas que, según el más reciente censo, viven en condiciones de pobreza multidimensional, sin desconocer que 3.5 millones son niños y adolescentes.
El presupuesto para Salud y Protección Social para este ha sido de $32,3 billones. Con la aplicación de la ley de punto final, que contribuirá a sanear financieramente al sector, pueden ser incorporadas al régimen subsidiado cerca de 350.000 personas de la tercera edad que hoy viven de la mano de Dios.
Como consecuencia de la protesta indígena de mediados de años en el departamento del Cauca, El Congreso acaba de aprobar recursos por 29 billones en el Plan Nacional de Desarrollo para efectos de las proyecciones indicativas sobre consultas previas. De esos recursos, 10 billones serán para los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras minorías.
Los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones son significativos. Miremos solo los del sector salud que ascienden a casi $6,8 billones. De ellos, $1,7 billones han estado destinados a ampliar los servicios de agua potable y saneamiento básico y $880.755 para prestación de servicios de salud no cubiertos con subsidios de demanda y sin financiación del subsidio a la oferta.
La infraestructura para el transporte siete asignados en el Presupuesto General de la Nación $7 billones, es decir, un 62,2 % más que en 2018. Según las proyecciones del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 habrá recursos disponibles por $1.100 billones, de los cuales $45 billones estarán destinados a este sector.
Este panorama sugiere que la institucionalidad sí puede atender exigencias racionales y razonables formuladas a través de canales distintos a los de la violencia.
Tomado Revista Dinero
