Desbandada en gabinete de la Gobernación de Córdoba

Son tres los secretarios de la administración departamental que han salido del gabinete en los últimos días, dos de ellos renunciaron de manera irrevocable y una fue suspendida por la Procuraduría General de la Nación.

En el listado de los que se fueron figuran César Otero, secretario de Gestión Administrativa; Ernesto Vergara, secretario de Competitividad, quien había sido encargado de la Secretaría de Educación, y Paula Morales, titular de la cartera educativa. Estos dos últimos adujeron razones estrictamente personales.

La última renuncia y la que más suspicacia suscitó fue la de Otero Flórez, quien no entregó mayores detalles de su salida. El funcionario era cuota de la familia Besaile Fayat e incluso se llegó a decir que era el gobernador en la sombra, pues le habían asignado múltiples funciones que le permitían tener ‘poder’ en la administración.

En varias oportunidades fue encargado como gobernador e incluso la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, firmó un decreto a finales de 2018 para concederle poderes para que realizara todos los procesos pre contractuales, contractuales y post contractuales de contratos y/o convenios que requieran celebrar todas las secretarías, a excepción de Salud y Educación, toda vez que estos dos despachos son autónomos, tal y como lo señala una ordenanza de la Asamblea.

Ante de esta renuncia se había presentado la del secretario de Competitividad, Ernesto Vergara, quien lo hizo de manera irrevocable, también aduciendo motivos personales. Lo hizo solo dos días después de haber sido encargado de la Secretaría de Educación, en reemplazo de Paula Morales Soto, quien había sido suspendida por la Procuraduría.

La otra funcionaria que salió del gabinete fue la secretaria de Educación, Paula Andrea Morales Soto, quien resultó inmersa en una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el pago de cesantías a docentes durante la vigencia 2019.

Todo comenzó con una renuncia anónima que se hizo ante la gobernadora Devia y esta la notificó al ente de control, aduciendo el pago de cesantías sin el lleno de los requisitos legales para ello. La Procuraduría hizo una visita en el pasado mes de agosto y luego de revisar los actos administrativos se detectó una presunta falsedad en los documentos aportados para el cobro de los dineros de cesantías, cuyo monto no ha sido establecido por las autoridades.

Según el reporte presentado por el ente de control, los documentos contendrían información falsificada especialmente en el tema de los certificados de libertad y tradición donde se detectaron matrículas inmobiliarias diferentes a las de los solicitantes, promesas de compraventas suscritas con varios docentes sobre el mismo lote de terreno, e incluso firmas sospechosas de algunos notarios.

La mandataria seccional no ha hecho un pronunciamiento oficial en torno al hecho. Sin embargo, hay rumores relacionados con retaliaciones de tipo político, por lo menos en el caso de la titular de la cartera educativa, cuota política de la exsenadora Zulema Jattin, quien se distanció de sus colegas de la U con relación al apoyo al candidato a la Gobernación de Córdoba.

Vía Universal.com

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