Las acusaciones son de lado y lado tanto de los antiguos dueños de predios como del concesionario que dice que hoy se hacen valoraciones exorbitantes por predios que fueron utilizados para la construcción de la vía Córdoba Sucre, que está en uso.
En una investigación e informe publicado hace pocos días por el diario El Espectador de Bogotá, se destaca que el escenario donde se da la disputa son los estrados judiciales, donde 10 años después de ejecutarse las obras por parte del concesionario Autopista de la Sabana, antiguos propietarios de esos predios pusieron en manos de abogados las demandas ante juzgados y tribunales para que se les reconozcan los valores que por metro de tierra deberían haberles abonado.
En dicho informe se señala que los demandantes alegan que sufrieron un perjuicio desproporcionado a través del procedimiento de enajenación voluntaria que les impuso el concesionario a nombre del Gobierno, representado en la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura.
El concesionario alega que los demandantes están pidiendo cifras exorbitantes y que habría complicidad de algunos jueces que les están dando la razón. Por eso encendieron las alertas, indica el informe publicado en el diario El Espectador de Bogotá.
“El concesionario identificó que en 46 predios en Montería, Cereté y Sincelejo hay diferencias porcentuales significativas (428 % en promedio) entre el avalúo inicial y el que hicieron los auxiliares de la justicia en el marco de las demandas presentadas. En suma, las exigencias quintuplican el valor que el Estado mostró estar dispuesto a pagar, pues la oferta inicial era de más de $10.200 millones, pero en suma los propietarios de los predios referidos piden más de $42.600 millones, según sus cálculos”, señala el escrito de la periodista Paula Delgado Gómez.
En el mismo escrito se plantean unas declaraciones del directivo del concesionario en el siguiente sentido: “Así se vuelve inviable hacer infraestructura, no puede ser que el predio cueste más que la obra”, sostuvo Salomón Niño, gerente de Autopistas de la Sabana. La decisión del costo de la expropiación que resolverá las reclamaciones está ahora en manos de los jueces”.
Hablan los abogados de los demandantes
En el informe publicado por El Espectador es importante tener en cuenta la versión que entrega el abogado que los representan en uno de los casos que llama la atención, ubicado en Montería :
“Según Autopistas de la Sabana, hay avalúos judiciales que están hasta 2.000 % por encima de la propuesta inicial, tal es el caso de un predio de más de 4.500 metros cuadrados en Montería por el que se ofrecieron $31,3 millones; ahora su propietario exige en una demanda $681,4 millones. El abogado Manuel Pérez, representante del propietario, le explicó a este medio que solo se tuvo en cuenta el valor material del bien “y a precios irrisorios”, pero no se estimaron valores indemnizatorios como el lucro cesante, el daño emergente futuro o la afectación por obra pública; “no porque seamos ladrones y queramos estafar al Estado”, dijo. De acuerdo con el jurista, a pesar de que el señor tenía un hotel en el predio desde hacía 25 años con todos los documentos en regla, solo le dieron lo que valía la tierra y no tomaron como referencia los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
“La concesión presentó en complicidad con la Lonja de Propiedad Raíz de Sucre unos avalúos totalmente absurdos y ahora quieren meter miedo a jueces y magistrados para que no fallen como uno pretende que se falle”, dijo el abogado que lleva alrededor de 20 procesos similares”.
“El abogado Rafael Mendieta calificó al concesionario de “tramposo” y dijo que se hicieron mal los avalúos porque se basaron en estudios generales de uso del suelo que datan de 2009 cuando cada peritaje tiene que ser único, “esa es una responsabilidad contractual del concesionario frente a la ANI”. En los más de 50 procesos que han pasado por sus manos ha intentado demostrar que Autopistas de la Sabana maltrató a la gente al pagarle un precio injusto y la perjudicó económicamente porque el predio queda congelado para cualquier trámite y psicológicamente porque genera incertidumbre. También aseguró que todas las demandas concluyeron a favor de los ciudadanos, “no conozco ninguna que le diera la razón a la ANI y van a seguir perdiendo porque no tienen sustento, aunque pretendan atropellar abogados, jueces y magistrados porque ahora están hablando mal de la justicia colombiana”, relata el informe de El Espectador.
Ante la proliferación de las demandas en los estrados judiciales en Córdoba, en Sucre en contra del concesionario Autopistas de la Sabana, la Procuraduría General de la Nación ha metido mano en el asunto y está pendiente de los de los avalúos judiciales que se vienen solicitando por parte de jueces y tribunales en el propósito de dirimir el pleito que enreda la compra de predios para la vía Córdoba/Sucre que hoy se encuentra en uso.
