Aunque la Fiscalía realiza investigaciones para desarticular las bandas de estafadores que se dedican al robo de vehículos, aún hay muchos casos que continúan presentándose. Se conoció que en Córdoba varias personas han caído en manos de estos ladrones y sus casos son materia de investigación.
Hace varios días la juez 15 penal con función de control de garantías envió a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, con medida de aseguramiento, a Iván Custode Martínez y Jeferson Cadena Mahecha, por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en masa y fraude procesal. Los imputados no aceptaron los cargos.
Los presuntos estafadores fueron enviados a la cárcel por apropiarse de los vehículos de alta gama de 22 personas.
Los investigados al parecer ofrecían a los propietarios de los automotores rentables contratos de arrendamiento de camionetas para el transporte empresarial, pero no efectuaban los pagos acordados, revendían los vehículos y en varios casos los desaparecían.
Los investigadores, bajo la coordinación de un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, reconstruyeron el supuesto actuar delictivo de estas personas que ofrecían pagar de dos a ocho millones de pesos mensuales por el alquiler de automóviles y camionetas de alta gama, que serían usados para el transporte de empresarios. Desde abril de 2016 hasta agosto de 2018, los presuntos estafadores contactaron a propietarios de vehículos lujosos para apropiarse de su bien, no pagar el arriendo pactado, revender los vehículos, desguazarlos o desaparecerlos.
Los imputados, según la investigación, habrían constituido tres empresas de fachada con registro en Cámara y Comercio para engañar y dar tinte de legalidad a sus estafas. Alquilaban espacios en oficinas en el norte de Bogotá para citar a sus víctimas y allí les ofrecían jugosos dividendos por entregar sus vehículos y firmar contratos.
Cumplido el plazo mensual para el pago de los dineros iniciaban los problemas, los miembros de la banda daban excusas para no cancelar el dinero y dos meses después desaparecían.
Algunos de los vehículos involucrados en el ilícito fueron matriculados ante las autoridades de tránsito para venderlos. Sus registros eran modificados para hacerlos pasar como nuevos y comercializarlos en redes sociales. A las camionetas les quitaban el sistema rastreador satelital y el GPS para no ser ubicadas por sus dueños.
Entre las víctimas de la banda hay ciudadanos que compraron vehículos dados en arrendamiento. Los traspasos eran legales ante las autoridades porque contaban con los documentos originales de los automotores, falsificaban firmas y suplantaban huellas de los verdaderos dueños.
En total 38 automotores fueron utilizados por los imputados, al menos 7 de estos no han sido recuperados. La estafa ascendería a dos mil millones de pesos y se tiene conocimiento de 22 víctimas hasta el momento.
El material probatorio fue obtenido mediante seguimientos e interceptación legal de comunicaciones. El jefe de la banda no fue capturado pero fue emitida una orden de captura internacional de Interpol en su contra.
