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Asesino de Jairo Zapa, firmó preacuerdo con la Fiscalía, pagará 23 años

El exparamilitar Joicer Rafael Hernández Muñoz, confeso asesino del director de regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. La condena que le imputarían era superior a 40 años, pero ahora solo estará 23 en la cárcel. El sicario, es la única persona, de los seis imputados, que está en prisión en estos momentos.

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El preacuerdo fue firmado ayer en la Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería entre la abogada Leidy Diana Petro, defensora de Hernández Muñoz y el fiscal especializado, que investiga el caso, Daniel Hernández Martínez, el cual es apoyo del titular Carlos Alberto Pión Mayorga que se haya incapacitado por problemas de salud.

El exparamilitar y la defensa habían rechazado diferentes preacuerdos ofrecidos por la Fiscalía. El ente acusador le había expresado a Hernández Muñoz que le rebajaba el 50% de la pena. Pero ni él ni sus abogados habían aceptado. El asesino es imputado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

Hernández Muñoz está presó en la Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería, desde el primero de mayo de 2014, luego de haber sido capturado en Santa Marta el 29 de abril del mismo año. En esa época fueron detenidas otras cinco personas involucradas en el citado hecho.

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Las otras personas que fueron capturadas en esa ocasión fueron Zuan Naiduth López Acevedo, compañera sentimental del sicario; Jesús Eugenio Henao Sarmiento, contratista de la Gobernación de Córdoba, y quien, según la Fiscalía, fue el que planeó la macabra reunión para matar a Zapa Pérez.

La lista de detenidos la completó Maximiliano García Bazanta, asesor de la Oficina de Regalías, Carlos Arturo Pérez Escobar, primo de Zapa y asesor de éste, y Jesús Albeiro Torres Redondo que, de acuerdo con los informes del ente acusador, fue quien hizo los contactos para contratar al criminal.

De estos implicados, en el crimen de Zapa Pérez, solo está en la cárcel el asesino Hernández Muñoz. Henao Sarmiento y García Bazanta, por vencimiento de términos deberían estar libres. Pero siguen en prisión por otros delitos diferentes a la muerte de Zapa.

Torres Redondo y Pérez Escobar de igual manera, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. A la esposa de Hernández Muñoz, Zuan Naiduth López Acevedo le fue concedida detención domiciliaria debido a que salió embarazada en la cárcel y tuvo una niña. Por lo tanto, es madre cabeza de familia.

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Zapa Pérez fue estrangulado, por Hernández Muñoz, el 27 de marzo de 2014 en una residencia de la calle 59 con carrera 12 del barrio La Castellana de Montería, cunado se realizaba una supuesta reunión, planeada por Henao Sarmiento de acuerdo con la Fiscalía.

Los restos mortales de Zapa Pérez fueron encontrados, en una fosa, el 4 de agosto del mismo año, en una finca aledaña a la del padre del entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en el municipio de Pueblo Nuevo.

Sobre los vencimientos de términos, el representante de las víctimas Juan Felipe Amaya Mejía, dijo que esa es una decisión que no lo sorprende, puesto que durante los cinco años que ha estado como defensor de la familia Zapa Pérez, se han dado unas dilaciones gravísimas.

Una muestra de ello, fue la audiencia preparatoria que empezó en el 2015 y culminó cuatro años después. Eso generó que los términos se vencieran y que los procesados fueran pidiendo, paulatinamente, la libertad. Como en efecto ocurrió.

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¿Por qué siguen presos Henao y García?

Henao Sarmiento y García Bazanta siguen en la Cárcel La Picota de Bogotá, pero por delitos diferentes a los de la muerte de Zapa Pérez. Los días 13 y 14 de agosto se realizaron en Montería, audiencias para darles libertad a Henao y a García. La primera correspondió al juez Rafael Zuluaga Ponce y la segunda a su colega David Vélez Mendoza.

Los nuevos delitos que le imputan tanto a Henao Sarmiento como a García Bazanta, son peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, en el manejo de cuatro proyectos.

Esos delitos fueron imputados por presuntas irregularidades cometidas en proyectos como “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba-La Guajira) en la cuenca del río Sinú, departamento de Córdoba”, por valor de 51.118.437.159 pesos.

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Otro de los proyectos es el que tiene que ver con el “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las TIC’S en el departamento de Córdoba” por 46.431.678.000 pesos.

El tercer proyecto tiene que se relaciona con la “Aplicación de ciencia y tecnología en carneros para mitigar efectos del TLC en el departamento de Córdoba”, por la suma de 17.300.000.000 pesos.

Y el último proyecto es donde se manifiesta la “Investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano” por valor de 15.048.000.000 pesos.

Los mencionados proyectos habían sido aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Participación.

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Informe tomado de Entrerios.co

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