Pozo Azul, en Catatumbo, sufre las consecuencias del atentado del Eln a un oleoducto
El balneario natural ha sido gravemente afectado por el derramamiento de crudo ocasionado por un atentado de la guerrilla en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Ecopetrol ha desplegado 120 trabajadores para las labores de limpieza.
El ataque contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 13 de abril, tiene en jaque a uno de los balnearios más importantes del municipio de Tibú y la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
El derrame de petróleo que produjo el atentado en contra de la infraestructura avanzó por los cuerpos de agua, a pesar de los esfuerzos de Ecopetrol al instalar barreras, y llegó hasta Pozo Azul, lo que convirtió sus aguas cristalinas en una densa mancha oscura.
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Según las informaciones que han sido entregadas por las autoridades en el lugar, el crudo se vertió en el río Tibucito, que alimenta las aguas que de las cascadas que caen en Pozo Azul y la afectación, a juzgar por las imágenes, además, ha sido grave.
Las imágenes son desalentadoras. Sin embargo, Ecopetrol ya ha desplegado 120 trabajadores para realizar las labores de limpieza tanto en Pozo Azul, como Caño Cinco y los ríos Tibucito y Tibú, que también resultados afectados por el ataque del grupo armado ilegal, que cometió el atentado a pesar d haber declarado un cese al fuego unilateral por la época de Semana Santa. De igual manera, se reinstalaron, con 24 barreras, los puntos de control en Tibucito y Samanes. La empresa ha publicado las fotos del avance de la limpieza en el lugar.
“Condenamos ecocidio perpetrado por Eln en Pozo Azul, Norte de Santander. Crímenes a la biodiversidad atentan contra recursos estratégicos de la Nación, lo cual debe ser castigado severamente. El terrorismo sacrifica nuevamente el medio ambiente. Avanzamos en labores de limpieza”, trinó el primer mandatario en su cuenta de Twitter.
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Con anterioridad, al lugar llegó Roberto Esmeral, viceministro de Ambiente, y Gregorio Angarita Lamk, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), para hacer la respectiva evaluación del daño ambiental causado por esa guerrilla.
Se estima que la población afectada por el atentado, que tiene dificultades para acceder al agua potable, es de unas 30.000 personas.
Vía ElEspectador.com
