Por Fausto A Zapa Velásquez
Otro diciembre que llega, y con éste se aproxima el final de un año más, sin que el proceso judicial
del caso Zapa Pérez avance en lo más mínimo. De nada han servido las múltiples citaciones a las
audiencias de este proceso penal, casi todas se han venido aplazando, y cuando nó, su desarrollo
se ha logrado a medias, sin avance significativo; posiblemente porque sus propósitos son
desviados y entorpecidos para generar dilación, desesperanza y otras intenciones más, que
seguramente buscan olvido e impunidad.
El caso Zapa Pérez, por circunstancias inherentes a su proceso penal ha sido enviado en dos
ocasiones a la Sala de Casación penal del Tribunal Superior de Justicia de Montería, en el cual, la
primera vez demoró estancadado más de siete (7) meses; y la segunda vez, ó sea en este año lleva
más de ocho (8) meses durmiendo el sueño de la parsimonia, desdén y la irresponsabilidad
administrativa en materia de justicia.
Por esta situación, los familiares, allegados y amigos que hemos estado atento al desarrollo del
proceso judicial de la desaparición forzada y vil asesinato de Jairo Zapa Pérez (Q.E.P.D), nos
sentimos revictimizados y burlados por una justicia que camina con una lentitud asombrosa que ya
no sorprende a la ciudadanía. Sobre todo después de ser testigo de otros casos sufridos por
familiares de personajes importantes de la vida pública, cuyos procesos penales han durado
muchos años, y hasta décadas.
Hoy, después de muchos meses es importante recordar que desde la misma semana de su
desaparición forzada, los familiares de mi hijo iniciaron ante las autoridades Nacionales e
Internacionales un intensa actividad dirigida a que se establezca la verdad de lo ocurrido y se haga
justicia frente a tan grave crimen. Desde entonces se han venido impulsando gestiones tendientes
a la obtención de una justicia transparente y con celeridad, además de exigir verdad y reparación
en el horrendo caso de nuestro familiar. Es así como se radicaron sendas comunicaciones en la
Honorable Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación; de las
cuales hasta ahora no se ha recibido respuesta alguna.
Otro hecho que llama la atención y no entendemos es que a finales de octubre de 2014, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó negar el cambio de radicación del
proceso penal (de Montería a Bogotá) solicitado por el Fiscal del caso. Posiblemente, ahora no se
estuviera presentando un segundo y largo estancamiento de este proceso. Indudablemente, el
caso de nuestro familiar es el reflejo de lo difícil que es para las víctimas de graves violaciones a los
Derechos Humanos obtener justicia en Colombia, no solo por los riesgos personales que conlleva
exigir verdad en casos como éste, donde hay en juego poderosos intereses económicos y
políticos, sino por el lento y displicente actuar de las autoridades que deben brindar efectiva
protección a las víctimas.
¡Ya basta de tanta dilación¡. Como ciudadanos pacíficos y respetuosos de la Constitución Política,
reclamamos una pronta justicia que nos conduzca a conocer la verdad y recuperar la confianza en
las instituciones de nuestro país.
