De reformas y conflictos
Por Horacio Ayala Vela
Era de esperarse que la ampliación de la cobertura del IVA fracasara, porque no
tuvo un buen manejo político; el proyecto presentado fue muy ambicioso y
excesivamente complejo, pero sin el tiempo suficiente para estudiarlo, difundirlo y
debatirlo. A partir de entonces, lo que se aprecia son disparos con escopeta de
perdigones, lejos de la apremiante necesidad de racionalizar, reducir y aclarar el
farragoso y confuso Estatuto Tributario.
Entre las perlas propuestas, se pretende cobrar una contribución a título de IVA,
pero en el impuesto de renta, con el ánimo de compensar el eventual lucro que
obtienen los contribuyentes por no pagar IVA sobre la canasta familiar. Los
impuestos deben estar basados en hechos concretos, no en presunciones
sacadas del cubilete. Con mayor razón si, como en el caso citado, apuntan a
gravar a los mismos contribuyentes que tributan sobre sus ingresos reales, como
los asalariados y los profesionales independientes, a quienes se les incrementó de
manera notoria el impuesto de renta en la reforma del 2016 y se propone elevarlo
aún más en este proyecto.
Muchos serán afectados igualmente con el nuevo impuesto al patrimonio, el
crecimiento del predial, el aporte obligatorio a salud –además de verse forzados a
tener medicina prepagada–, el impuesto de vehículos –que solo pueden utilizar
parcialmente–, la contribución del 100 por ciento del Soat y las nuevas
valorizaciones, en el caso de Bogotá. Amén de tener que costear su seguridad, su
educación y los demás servicios que debería proporcionarles el Estado.
No menos curiosa resulta la propuesta de confiar en la generosidad de los
contribuyentes para recaudar donaciones destinadas a financiar la educación,
utilizando las declaraciones de renta, al estilo de los diezmos para las
organizaciones religiosas que han utilizado algunos países. Al alcalde Mockus le
funcionó el mecanismo, porque se veían las obras y se ganó la confianza de los contribuyentes; los pagos voluntarios estaban atados a los respectivos impuestos, con opción de elegir los proyectos a los cuales se destinaban. En el plano nacional, por desgracia, desde hace varios años se respira un ambiente de
confusión y desconfianza en el manejo de los recursos públicos.
A este ambiente no aporta mucho la evidente preocupación por el relajamiento de
la ética y temas como el conflicto de intereses y sus consecuencias. Mucho se ha
hablado sobre la ‘puerta giratoria’, pero aparentemente sin resultados prácticos al
momento de hacer los nombramientos; por el contrario, pareciera que se toma
como una broma, a pesar de los lamentables episodios que en estos días está
presenciando el país. Para un funcionario honesto –que se presupone son todos–
no debe ser tarea fácil tener que declararse impedido cada vez que toma una
determinación que puede afectar a un excliente o exempleador. Con mayor razón,
si, además de los casos específicos de impedimento, las decisiones de carácter
general –como, por ejemplo, la interpretación de las normas– pueden, igualmente,
afectar a su excliente o exempleador, para bien o para mal. Colombia tiene un
enorme potencial de profesionales preparados; no debe ser difícil encontrar
candidatos libres de preocupaciones sobre los vaivenes de las puertas de su
despacho.
