Ya son 478 los particulares que han ido voluntariamente a la JEP

Musa Besaile, Zulema Jattin y David Char encabezan lista de ocho excongresistas que piden cupo.

Aunque los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado no quedaron obligados a presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los magistrados de este sistema judicial han sido sorprendidos por una avalancha de particulares –muchos de ellos exfuncionarios del Estado–, que quieren acudir a él.

Hasta ahora, 478 civiles han radicado solicitudes de admisión en la justicia para la paz, según documentos obtenidos en exclusiva por EL TIEMPO.

En esa lista hay exministros, excongresistas, exgobernadores, exalcaldes, exfuncionarios del DAS y de la Fiscalía, exjefes paramilitares, al menos un palmicultor, personas señaladas de relaciones con las Farc y los paramilitares, jefes y miembros de bandas criminales y hasta ladrones de bancos.

Además, aparece un exfuncionario de Indumil que le vendía municiones a la guerrilla, estudiantes universitarios investigados por terrorismo –hay 12 en la lista–, campesinos, falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, un exdirigente deportivo acusado de matar a su esposa y un secuestrador que buscaba a sus víctimas en Internet.

En la mayoría de los casos se trata de particulares que están presos y que buscan su libertad. Otros están libres pero tienen restricciones –por ejemplo, para salir del país– y quieren eliminarlas.

Llama la atención la variedad de civiles –técnicamente identificados como terceros– que han pedido cupo en la JEP.

Por supuesto, a la justicia para la paz solo accederán los procesados por delitos relacionados con el conflicto armado y personas que, tras una valoración de los magistrados, representan, por la información que poseen, un potencial importante para la verdad que busca esclarecer esta justicia sobre hechos graves ocurridos durante el conflicto armado.

Hasta ahora, solo han sido admitidos seis de los solicitantes. Dos de ellos son los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, cuya inclusión en la JEP fue inicialmente negada porque sus procesos (por vínculos con paramilitares y el llamado ‘cartel de la toga’, respectivamente) ya estaban en la Corte Suprema.

La propia Sala de Apelaciones de la JEP consideró que debía evaluarse el potencial de verdad que tienen para contar los excongresistas.

“Les pedimos que nos estructuren su programa de verdad. En este y en todos los casos, los civiles que se postulan deben contar mucho más allá de lo que ya está en los expedientes”, le explicó a EL TIEMPO un magistrado de la JEP.

Como es lógico, muchos de los 478 particulares que aspiran a estar en la justicia transicional no serán admitidos. EL TIEMPO verificó el prontuario judicial de quienes aparecen en la lista y encontró que un buen número de ellos han cometido delitos que nada tienen que ver con el conflicto.

El principal incentivo para pedir cupo en la JEP es que, al ser aceptado, se obtiene de inmediato la libertad condicionada y transitoria. Esto, mientras los magistrados comienzan el proceso, que arranca con el llamado a la persona a confesar la verdad que conoce sobre un hecho.

Doce mujeres
Por ejemplo, la excongresista Zulema Jattin, procesada en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, tenía casa por cárcel, y como ya fue admitida en la JEP, obtuvo su libertad plena, aunque transitoria y condicionada.

Jattin es una de las 12 mujeres en la lista de 478 postulados. Otra es la exfiscal Magally Yaned Moreno, quien fue la asistente en Cúcuta de la entonces directora Seccional de Fiscalías Ana María Flórez, conocida como ‘la Batichica’ y quien se convirtió en prófuga de la justicia cuando quedaron en evidencia sus vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Testigos claves
También promete contar la verdad de hechos relacionados con el conflicto Mauricio Parra Rodríguez, alias el Quesero, quien actualmente enfrenta un juicio por el asesinato del dueño de Surtifruver. En su solicitud a la JEP, se presentó como miliciano de la exguerrilla de las Farc, aunque nunca estuvo en los listados que presentó el ahora partido político.

Otro nombre llamativo en la lista es el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar de especial relevancia en el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Monsalve es hijo de un exadministrador de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

Los exministros
Los exministros que acudieron a la JEP son Diego Palacio, quien encabezó la cartera de Protección Social en la Presidencia de Uribe, y Sabas Pretelt, ministro del Interior en ese gobierno y quien ha dicho que pidió acceso a ese tribunal para limpiar su nombre.

Palacio fue uno de los primeros civiles que se postuló a ese tribunal. Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que el exministro buscaba liberarse de la restricción que le impuso la justicia ordinaria para viajar al exterior por la condena que tuvo en el proceso de la ‘Yidispolítica’.

Sin embargo, Palacio no fue admitido en la JEP.

Tampoco obtuvo cupo el exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Uribe, Alberto Velásquez.

De la lista de 478 civiles – ‘terceros’ que pidieron pista en la JEP, 45 fueron ya rechazados porque sus casos no tenían que ver con el conflicto armado o porque no tenían elementos para aportar verdad en la justicia para la paz.

Casos pendientes
A la espera de decisiones en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (la que se encarga de resolver las solicitudes de los terceros) están el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez, y el excongresista Alberto Santofimio, condenados a 30 y 24 años, respectivamente, por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Además, esperan respuesta la empresaria del chance Enilce López, ‘La Gata’, y su hijo Jorge Luis Alfonso López; el exgobernador de Sucre Salvador Arana, y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, señalados todos de relaciones con paramilitares.

Estos son solo algunos de los nombres que aparecen en la lista de 478 civiles que, de manera voluntaria, han acudido a la JEP en busca de una salida más favorable a su situación judicial. Esto, claro, a cambio de su contribución a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado.

Vía ElTiempo.com

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