Por HORACIO AYALA VELA
Las múltiples e inconexas declaraciones de los funcionarios del Gobierno acerca de los cambios en el régimen tributario, llevan a pensar que tendremos más de lo mismo: otro paquete de remiendos para añadir a la colcha del farragoso Estatuto Tributario. Sin alternativas para avanzar en estos campos; propuestas llenas de lugares comunes, carentes de estimaciones económicas serias sobre sus efectos, como el proyecto ya presentado por uno de los partidos. Dicho sea de paso, entre sus ideas ‘novedosas’ plantea una que propusimos hace trece años en estas páginas.
Cuando se reitera como meta bajar las cargas de las empresas, es inevitable preguntarse quién pagará la cuenta, frente a la urgencia de recursos. Siempre se pretende echar mano, en primer lugar, de las personas naturales, con el argumento simplista de que en los países de la Ocde pagan mucho más que las empresas; pero cuentan la verdad a medias, porque no dicen, por ejemplo, que en esos países se gravan los dividendos.
Según un estudio de The Tax Foundation, de los miembros de la Ocde solo Estonia y la República Eslovaca no cobran impuestos a los dividendos; en los demás se gravan con tarifas que van desde 6,9% en Nueva Zelanda hasta 51% en Irlanda, 44% en Francia, 28,6% en Estados Unidos, 24% en España, 22,6% en Chile, 17,1% en México, etc.
En un país considerado el más desigual de Latinoamérica, los impuestos a las propiedades y a las herencias –que rigen en países desarrollados– constituirían instrumentos valiosos para el recaudo y para ayudar a disminuir el fenómeno. Los intereses particulares no permiten pensar en estas alternativas, ni en crear mecanismos para gravar las propiedades suntuarias, cuyos verdaderos dueños se ocultan detrás de sociedades fantasmas, que para este y otros fines se han convertido en instrumentos de evasión preferidos por los ‘expertos’. Tampoco hay ambiente para seguir la tarea que inició el gobierno anterior, eliminando las generosas y eternas exenciones a sectores y contribuyentes privilegiados.
Es posible crear mecanismos e incentivos para estimular la declaración de rentas como arrendamientos, honorarios, comisiones e intereses pagados por personas naturales, que quedan ocultos porque no otorgan beneficios, y gravar las ganancias en venta de acciones, exoneradas con el pretexto de estimular su desconcentración, pero cuyo resultado no puede haber sido más opuesto a la intención. El monotributo debe ser obligatorio dentro de ciertos niveles, pero mediante procedimientos que reduzcan cargas administrativas, como los múltiples registros y los farragosos procedimientos contables.
Tampoco somos inteligentes en el manejo de las inversiones del exterior y en la redacción de tratados, basados en el principio de la residencia y no de la fuente, otorgando beneficios injustificados, que favorecen a los fiscos extranjeros y estimulan las inversiones desde paraísos fiscales.
Son muchas las alternativas que se podría poner en práctica para diseñar una verdadera reforma tributaria, si en nuestro país no primaran los intereses políticos y económicos. Ojalá el Ministro no quede frustrado como en su experiencia anterior, cuando su bien estructurado proyecto fue desbaratado por sus colegas y su jefe, convirtiéndolo en la gran ancheta de la confianza inversionista.
