Por el momento los herederos de Don Rosendo Garcés no irán a la cárcel por reclamar con testimonios falsos las tierras de la Hacienda Currayao que en el pasado vendieron libremente a la familia Ganem Bechara.
Así lo determinó el Juez de Garantía David Vélez Mendoza, quien este martes 25 septiembre presidió la Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento realizada en el Palacio de Justicia de Montería.
A pesar de que la Fiscalía había pedido medida de aseguramiento, ante la gravedad de los delitos, el Juez decidió no imponer medida de aseguramiento contra los indiciados, dado que, a su consideración, los Garcés no obstruían la justicia, no representaban un peligro para la comunidad ni tampoco un riesgo de fuga.
La decisión del Juez lleva a que los miembros de la familia Garcés, que están imputados de los delitos de fraude procesal y falsos testimonios, ennfrente en libertad el juicio que viene por intentar reclamar, ante la Oficina de Restitución de tierras, la Hacienda Currayao ubicada en la via El 15 – Tierralta.
Al termino de la audiencia la Fiscalía General de la Nación manifestó que el proceso continuará con normalidad y acusará a los imputados hermanos Garcés, ante un juez de conocimiento, por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, lo que los expone a una condena que va entre los 6 a los 12 años de prisión.
Garcés – Ganem, una Audiencia acalorada
La decisión del Juez de Garantía, de no dictar la medida de aseguramiento en contra de los falsos reclamadores de tierras, provocó el descontentó del fiscal del caso y el abogado de la familia Ganem que inmediatamente apelaron la decisión con fundados argumentos.
El primero en cuestionar el fallo del juez fue el Fiscal del proceso, quien en el uso de la palabra indicó que se desconoció que los imputados sí habían declarado bajo la gravedad del juramento ante la Unidad de Restitución de Tierras; entidad que, dadas estas falsas afirmaciones, expidió actos administrativos contra los predios de las víctimas, entre ellos, medidas preventivas sobre los predios que lícitamente habían adquirido los Ganem y terceros víctimas de los presuntos falsos reclamantes de tierras.
Durante la apelación se resaltó que no obstante las pruebas que recaudó la fiscalía, el juez las desestimó en su totalidad, a pesar que demostraban que las manifestaciones de los imputados eran contrarias a la realidad pues en el sector no hubo desplazamiento forzado sistemático por parte de los grupos subversivos y que las ventas de los predios fueron sin coerción ni vicio de consentimiento, así como las numerosas situaciones que evidenciaron la ausencia de presión para adelantar los negocios entre los Garcés y terceros acreedores, entre, varios miembros de la misma familia Garcés, que tras vender sus bienes compraron en el mismo sector otras tierras
Al juez se le hizo ver que desestimó, que varios de los hermanos Garcés (entre ellos, Nicolás Garcés, quien no fue imputado) declararon en contra de los imputados hermanos Garcés, y manifestaron que las ventas hechas por sus hermanos fueron de manera voluntaria y sin presión de los grupos al margen de la ley.
Por su parte Iván Jiménez Lafaurie, miembro de la oficina del bufet de Jaime Lombana, abogado de la familia Ganem, víctimas en este proceso, manifestó su rechazo al fallo del juez, y considera que los imputados hermanos Garcés utilizaron la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de manera criminal para alegar una falsa tenencia y posesión de un terreno, perjudicando a terceros que han trabajado sus predios durante años.
Miembros de la familia Ganem que estuvieron presentes en la audiencia indicaron que no se puede utilizar la administración de justicia para pretender obtener beneficios fraudulentos, como lo pretendieron los imputados con las falsas reclamaciones ante la Unidad de Restitución de Tierras.
Asimismo, las víctimas señalan que el fallo del juez deja un pésimo mensaje a la sociedad y a la ciudadanía Colombiana, pues todos los que compraron tierras entre 1991 hasta la actualidad están sujetos a que falsos reclamantes como los imputados, que nunca han vendido como consecuencia del conflicto armado, les puedan quitar sus predios que han adquirido de manera legal, pues según ellos, la justicia no está obrando con contundencia ante este tipo de personas que pretenden burlar a las entidades del Estado para obtener beneficios económicos ilegítimos.
Finalmente, las víctimas rechazaron que el juez no haya impuesto las medidas de aseguramiento a pesar de las pruebas que allegó la fiscalía, entre ellas, que varios de los hermanos Garcés están siendo investigados por la comisión de otros delitos en otros procesos, que la señora Ena Garcés Bedoya, una de las imputadas, fue condenada por haber falseado a la justicia en otro caso, y que se aportó una prueba en la que uno de los primos de los Garcés, denunciaba que Luis Carlos Garcés, uno de los sindicados, lo había amenazado y que temía por su vida.
