Musa Besaile fue llamado por el alto tribunal por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer por su presunta responsabilidad en el llamado cartel de la Toga.
El proceso de negociación que buscaba el senador Musa Besaile con la Corte Suprema de Justicia no va más. Besaile está a la espera de que comience el juicio en su contra por su supuesta implicación en escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Por este expediente, el senador más votado del Partido de la U en las elecciones de 2014 se encuentra detenido después de haber aceptado que pagó $2.000 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para desviar un orden de captura en una investigación por parapolítica.
Entre tanto, seguían las reuniones con la Sala de Instrucción II, que lleva su caso, para evaluar una propuesta de colaboración eficaz que la defensa de Beaile presentó a la Corte en la que se comprometía a hablar de varios casos penales de relevancia. La Sala debía evaluar su contenido para determinar si había lugar a darle algún beneficio. No obstante, después de varias trabas y una suspensión en la negociación por temas de seguridad, el alto tribunal finalmente tumbó esa posibilidad. ¿La razón? Que Besaile no ha entregado información que pueda ser relevante para la Corte que permita avanzar o esclarecer una investigación en curso.
Musa Besaile Fayad es el primer senador en ir a juicio por ese escándalo, en el que está involucrado el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo. De acuerdo con la investigación, Moreno no fue el único beneficiario del pago de $2.000 millones que habría hecho Besaile. También se habría favorecido el magistrado Gustavo Malo Fernández, quien tenía en su despacho la investigación del congresista por aparentes vínculos con las autodefensas de Córdoba.
Ese pago, al parecer, se habría hecho con dineros de la Gobernación de Córdoba obtenidos de manera ilegal. La entrega del dinero, igualmente, fue corroborada por el exgobernador Alejandro Lyons; su tío, Luis Ignacio Lyons y el propio exfiscal Luis Gustavo Moreno. Para la Corte, no existe duda de que se hizo ese pago. En el juicio, se tendrán como pruebas el testimonio del magistrado Gustavo Malo Fernández, quien ya fue acusado por la Cámara de Representantes también por su supuesta implicación en este caso.
Igualmente, la Sala ordenó los testimonios del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte; así como del abogado Leonardo Pinilla, socio del extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno; y de Sami Spath, amigo del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, procesado por su implicación en el Cartel de la Hemofilia y quien supuestamente habría entregado dinero de ese acto de corrupción a Besaile. No obstante, Ricaurte y Spath se acogieron al derecho de guardar silencio, dado que también están siendo procesados por este caso.
En el juicio igualmente se escucharán los testimonios del excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento; así como de Eder Pérez y Rubén Guerra, quienes fueron señalados por el exgobernador Lyons de conocer la corrupción administrativa en el departamento entre los años 2013 a 2015. Además, se ordenó al CTI de la Fiscalía hacer un estudio técnico de cuatro celulares, dos tarjetas micro SD y una sim card hallados en el sitio de reclusión de Moreno y de Pinilla.
Para la Corte es necesario, además, hacer una inspección a las investigaciones que adelanta la Contraloría General al exgobernador Lyons en relación con el Cartel de la Hemofilia. Y, finalmente, la Corte aceptó los testimonios que pidió la defensa de Besaile, como los de José Miguel Ramírez Gómez, Guillermo José Pérez Ardila, Daniel Enrique Montero, Rudi Naim Ortíz Carrascal y Neil Elías Badel Hoyos.
Tomado de El Espectador
