Restitución de tierras: Cartel de Falsos reclamadores de la Hacienda Currayao en la mira de la justicia

Este martes 28 de agosto, gran parte de los herederos de don Rosendo Garcés, deberán acudir a la sala de audiencias del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería para escuchar la imputación de cargos que les hará la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente haber cometido los delitos de fraude procesal y falsos testimonios.

Los citados a la audiencia son Renso Garcés Vergara, Luis Carlos Garcés Alemán, Isabel Garcés de Lombana, Miguel Garcés Barrera, Rosendo Fernel Garcés Sáenz, Marta Garcés de Solano, Julia Garcés de Doria, Ena Garcés Bedoya, Miguel Garcés Pereira y Rosa Garcés de Galindo, quienes afrontan una demanda interpuesta por la propia Oficina de Restitución de Tierras, que los ubica como parte del Cartel de falsos reclamadores de tierras.

El lío jurídico que enfrenta a los herederos de dos grandes finqueros-ganaderos y quizás los hombres más ricos de Córdoba, en las décadas de los 70 y 90, tiene su origen en la disputa de las tierras de la famosa Hacienda Currayao, ubicada entre el Río Sinú y la ciénaga de Betancí, abastecedora del ganado más gordo que se comercializaba antes en la región.

Así operó el Cartel de Falsos reclamadores

La historia del lío jurídico comenzó hace dos años, con la promulgación de la Ley de Restitución de Tierras y el anuncio del gobierno, invitando a todo aquel que hubiese sido desplazado u obligado a mal vender sus tierras por los grupos al margen de la ley, para que se acercaran a presentar sus demandas.

Los herederos de don Rosendo Garcés, quien era el dueño de la famosa Hacienda Currayao, en forma unida, se acercaron a la Oficina de Restitución de Tierras en Montería y durante varios días contaron historias con las que se hicieron pasar como victimas de despojo y desplazamiento forzado por parte de la familia Ganem Bechara, actuales propietarios de las tierras.

En concreto, lo que los herederos de Don Rosendo Garcés le hicieron creer a la Oficina de Restitución de Tierras fue que la familia Ganem Bechara les quitó las tierras o los hizo mal vender con el apoyo de grupos al margen de la Ley.

Todo fue un cuento con falsos testimonios

La demanda de restitución de tierras provocó la angustia de la familia Gánem Bechara, sobre todo porque los antecedentes indicaban que la recién creada Oficina de Restitución de Tierras, le daba toda la credibilidad a los denunciantes y eran cosas de seis meses a un año, para que en un proceso express, les quitaran la más de dos mil hectáreas de tierra de la Hacienda Currayao que compraron legalmente a sus antiguos propietarios.

Una fuente cercana a la familia Gánem Bechara le comentó a Chicanoticias que el orden que lleva esa familia en todos sus negocios fue pieza clave para desvirtuar las acusaciones que le hicieron los herederos de don Rosendo Garcés.

Los Gánem Bechara conservan intactas las copias de los cheques con los que pagaron las tierras a los herederos de Rosendo Garcés. También tiene en su poder varios “papelitos” a manera de vales, firmados por los antiguos dueños de la Hacienda Currayao y en los que se leen las solicitudes de ciertas cantidades de dinero “como abono al pago total de la tierra”.

Pero quizás lo que más ayudó para que la Oficina de Restitución de Tierras decidiera que la hacienda Currayao, ubicada a un lado de la vía Montería-Tierralta, no era objeto de restitución por despojo o desplazamiento, fueron los más de cincuenta testimonios de vecinos históricos de la región, que consiguió el abogado Jaime Lombana, defensor de los hermanos Ganem Bechara en el proceso.

Fueron los testimonios, los que lograron demostrar que los miembros de la familia Ganem Bechara no se valieron de los grupos al margen de la ley para obligar a los herederos de Rosendo Garcés a vender las tierras.

Se demostró que por el contrario, algunos miembros de la familia Gánem Bechara fueron víctimas de esos grupos armados, ya que incluso fueron secuestrados durante la década de los 80s y principio de los 90s.

Entre los testigos aportados por el abogado Lombana para demostrar que los testimonios de los herederos de Rosendo Garcés eran falsos, se encuentran los de miembros de la misma familia Garcés que aseguran que sus parientes vendieron las tierras a la familia Ganem Bechara sin presión alguna y que por lo tanto, nunca fueron desplazados.

Se aportaron pruebas como las de que uno de los denunciantes, más exactamente Luis Carlos Garcés, le vendió parte de Currayao a la familia Ganem Bechara y con la plata de la venta compró la finca La Isabela que queda enfrente de Currayao, solamente cruzando la carretera, lo cual desvirtúa el desplazamiento forzado que habían denunciado.

Igual situación ocurre con Ena Garcés, otra de las denunciantes, que con parte de la plata que le entregó la familia Ganem Bechara, por la compra de su tierra heredada, compró unas parcelas cerca a Currayao, resaltando que siempre permaneció en la zona y nunca fue desplazada.

La decisión que tomó la Oficina de Restitución de Tierras, de no quitarle la hacienda Currayao a la familia Gánem Bechara, para devolvérsela a los reclamantes, los herederos de Rosendo Garcés, es un hecho histórico que pone precedentes en el país, en donde hay muchas demandas contra falsos reclamantes,que en algún momento vendieron a gusto sus propiedades en territorios de dominio guerrillero o paramilitar y hoy están reclamando lo que no les pertenece, constituyendo así lo que se conoce como el Cartel de los falsos reclamantes.

Y lo más histórico es que la Oficina de Restitución de Tierras ya no cree todo lo que le dicen los falsos reclamantes y que cuando se demuestra que han mentido, actúan en contra de ellos, pues el propio Ricardo Sabogal, director de Restitución de Tierras, demandó a los herederos de Rosendo Garcés por los delitos de fraude procesal y falsos testimonios.

Este martes 28 de agosto, además de la imputación de cargos, los herederos de Rosendo Garcés deberán escuchar con mucha atención que decisión tome el juez penal que lleva el caso ante la solicitud de medida de aseguramiento que podría pedir la Fiscalía General de la Nación.

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