Capturados dos coroneles y un mayor del Ejército señalados de hacer ‘chuzadas’ ilegales

Este sábado fueron capturados dos coroneles y un mayor del Ejército señalados de hacer parte de una organización criminal dedicada a interceptar ilegalmente las comunicaciones de políticos, empresas, miembros de la fuerza pública, funcionarios judiciales y de la Fiscalía.

La organización criminal operaba desde dos empresas fachadas ubicadas en Cali, sin embargo, el centro de operaciones estaba en la ciudad de Ipiales, Nariño, desde donde funcionaba la red de chuzadas, que ofrecía una suerte de “portafolio ilegal de servicios” a entidades del Estado y particulares, según dio a conocer la Fiscalía.

Juan David Bazzani, asesor del despacho del ente acusador, afirmó que en ese centro se “habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales”.

Dentro de los capturados se encuentran Carlos Andrés Pérez Cardona, coronel en retiro del Ejército Nacional, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño), cuyo mandatario local es Ricardo Romero; Jorge Humberto Salinas Muñoz, coronel en retiro del Ejército Nacional y especialista en inteligencia; Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor en retiro del Ejército Nacional y María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de las TIC, quien era la supuesta ‘hacker’ que habría sido contratada para el robo de información.

Los capturados, añade una comunicación de la Fiscalía, publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea a cambio de una suma cercana a los tres millones de pesos por cada ‘chuzada’.

Además, se conoció también que fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ en Bogotá, compañía que sería de propiedad del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza Carreño.

Autoridades realizaron siete operativos simultáneos de allanamiento y registro en inmuebles en Bogotá, Cali e Ipiales, donde fueron decomisadas seis torres de cómputo de diferentes marcas, cuatro computadores portátiles, cinco teléfonos celulares, dos maletines con documentos varios, dispositivos USB, una agenda de datos, dos routers, tres discos duros externos y un reproductor MP4.

Bazzani aseguró que “la Fiscalía preservará el derecho fundamental a la reserva de las comunicaciones privadas. Los colombianos no pueden vivir con la zozobra de la violación de su intimidad y su privacidad. No lo vamos a permitir”.

La Fiscalía imputará cargos a los implicados por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, uso de software malicioso y daño informático, todos agravados.

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