A Edwin Besaile lo suspendieron por terminar un contrato de regalías antes del término.

La terminación de un convenio por más de $14.000 millones tiene otra vez en líos disciplinarios al gobernador de Córdoba. A pesar de las múltiples advertencias de detrimento patrimonial, Besaile detuvo el convenio, al parecer para hacer efectiva una cláusula penal por más de $2.800 millones.

El 17 de julio se vencía la suspensión que la Procuraduría había impuesto al gobernador del departamento de Córdoba por sus presuntos vínculos con el llamado cartel de la hemofilia. Era cuestión de horas para que Edwin Besaile retornara a su puesto de mandatario departamental. Pero un viejo fantasma reapareció e hizo que el Ministerio Público le impusiera otra suspensión por tres meses. Se trata de otra investigación que se sigue en su contra, esta vez por la presunta terminación irregular de un convenio de cooperación en 2013.

De acuerdo con la Procuraduría, habrían sido varias las irregularidades cometidas por Besaile en este caso. Todo comenzó el 9 de junio de 2016, cuando Kalil Petro Sakr, representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia George Dahl informó que el gobernador Besaile “de manera inmotivada solicitó la suspensión unilateral del Convenio Especial de Cooperación 735-2013”, que había pactado entre el departamento y la fundación por $14.000 millones.

Ese convenio tenía como objeto investigar los “recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano”. Besaile terminó el contrato en mayo de 2016 con el argumento de que se debían “proteger los intereses de toda la comunidad cordobesa porque, ante los incumplimientos reiterados del cooperante, no se podía disfrutar de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas que se debían garantizar”. Sin embargo, en la práctica, el proyecto tenía un avance del 48,9 % de ejecución e incluso estaba previsto que finalizaría antes de lo pactado.

La fecha de terminación del proyecto estaba fijada para febrero de este año, es decir, aún quedaban dos años para finalizar el 51,1 % restante. Según manifestó el representante legal de la Fundación George Dahl, se exigieron “cuantiosas inversiones en áreas de apoyo científico (laboratorios), mejoramientos, contratación de investigadores especializados y logística administrativa. El propósito era atender a la población piscícola experimental de más de diez toneladas, sobre todo la que corresponde al Libro rojo de especies amenazadas”.

A pesar de las advertencias que se hicieron al gobernador Edwin Besaile, su decisión de terminar el convenio se mantuvo en pie, “truncando un proceso que ha demandado la inversión de cuantiosos recursos del erario que se perderían en su totalidad (…), dada la naturaleza de la labor contratada, ocasionando grave detrimento patrimonial al Estado, sin contar con los perjuicios que se podrían también causar a la fundación”, aseguró en su momento la entidad referida al gobernador de Córdoba.

Pero ¿por qué se insistió en la terminación del contrato? De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, la suspensión del convenio se dio para hacer efectiva una cláusula penal de incumplimiento por más de $2.800 millones “sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la Gobernación”. Otra prueba fue el testimonio que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons rindió a la Procuraduría el 7 de septiembre del año pasado, que hoy tiene en la mira a varios funcionarios públicos.

En esas declaraciones, Lyons hizo referencia a cómo se financió la campaña de Besaile con dineros de las regalías, lo cual era de conocimiento del suspendido gobernador y de su hermano, el congresista Musa Besaile. “Ese dinero fue a la campaña del nuevo gobernador que me iba a reemplazar (Edwin Besaile). Musa y Edwin sabían que era producto de comisiones que entregaban los contratistas. Tengo documentos que respaldan el recibo del dinero por el gobernador Edwin Besaile”, aseguró Lyons a la Procuraduría.

El 15 de diciembre pasado, el ente de control abrió investigación contra Edwin Besaile; Manuel José Benjumea, director departamental de regalías; Sandra Milena Ruiz, asesora del despacho del gobernador, y Jairo Rafael Cruz Lozano, director de contratación. Siete meses después, la Procuraduría encontró elementos suficientes para mantener alejado al suspendido gobernador de su cargo, teniendo en cuenta que puede interferir en el trámite de la investigación o incurrir en reiteración o continuación de la falta disciplinaria.

“La permanencia en el cargo de Edwin Besaile podría llegar a interferir y obstaculizar el normal desarrollo de la presente investigación, en donde precisamente lo que se debate es la presunta participación irregular en la actividad contractual y en el manejo irregular de los recursos públicos en los que pudo haber incurrido el actual gobernador, en relación con los cuales el investigado pudo posiblemente incurrir en actos de corrupción, que no sólo pudieron lesionar la función administrativa, sino los recursos públicos”, se indica en el documento de la Procuraduría.

En conclusión, serán 90 días más los que el gobernador Besaile estará por fuera de su cargo, mientras las investigaciones determinan su grado de participación, no sólo en estas irregularidades, sino también en el cartel de la hemofilia. Por estos hechos, Besaile ya fue llamado a juicio. Entre tanto, mientras no se señalen responsabilidades, los miles de millones que debieron invertirse en proyectos de ciencia y tecnología y para la salud de los más pobres del departamento seguirán en el limbo.

Tomado de EL ESPECTADOR

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